Algunas reflexiones sobre el origen de la democracia

“El peor de los regímenes, a excepción de todos los demás”

Usamos el concepto de “democracia”, tanto en la vida diaria como en la académica, para referirnos a un proceso de toma de decisiones en cualquier grupo humano en el que todos los miembros tienen igual derecho a opinar y a hacer valer su opinión. En particular, proponemos algunas reflexiones sobre los problemas y la historia de la democracia como forma de gobierno.

Como punto de partida, podemos tomar la definición de Abraham Lincoln, aunque nos resultará tan bella como insuficiente: “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. Los problemas de la determinación de quiénes integran el pueblo; cómo toman las decisiones y las implementan; cómo controlan su cumplimiento; cómo resuelven los conflictos que se generan; etc., son la sustancia propia de una variedad de disciplinas. Por tomar un ejemplo, no será igual la visión del periodista, del político o del historiador, dados sus diferentes ámbitos de interés y formas de abordar la realidad.

El elemento teleológico –el “para el pueblo” – refiere a uno de los conceptos más elusivos del estudio de la política: el “bien común”. La acción política se supone y se propone siempre como garante de este “bien común”, incluso en las formas del castigo o el sacrificio. Sabemos, por experiencia histórica y por observación cotidiana, cuantas críticas se han hecho a las falencias de la democracia, a sus limitaciones y sus manipulaciones. Con frecuencia, gobiernos definidos y definibles como dictaduras han invocado actuar como garantes o como intérpretes de la “verdadera” voluntad democrática de sus pueblos. Y la imputación de querer subvertir, acotar o disminuir la democracia precede, casi como referencia ritual, una amplia mayoría de discursos políticos, mientras se reclama por mayor transparencia y participación en los procesos de toma de decisiones y una mayor comprensión y armonización de las necesidades de las mayorías y los derechos de las minorías.

Muchas veces, estas críticas toman un tono apocalíptico, como si los problemas o los males que definen fueran novedosos tanto en su forma como en su gravedad. Pero cuando reflexionamos sobre la historia de la democracia como institución, y sobre la historia de los pueblos y sus formas de gobierno, podemos proponer algunos patrones similares. La historia, ciertamente, ni está escrita ni se repite necesariamente, pero el pasado nos brinda la experiencia de cómo otras sociedades resolvieron problemas similares. Y de esta reflexión podemos obtener valiosas experiencias.

En particular, al referirnos al origen de la democracia en las ciudades-Estado griegas del siglo VI al siglo IV ac, podemos examinar cómo se creó esta práctica social, qué peligros enfrentó e, incluso, rastrear hasta sus más antiguas expresiones algunas de las críticas. Pero también nos permitirán reflexionar sobre los esfuerzos y sacrificios que han existido tras esta forma de gobierno, a la que alguna vez Winston Churchill catalogara como “el peor de los regímenes, a excepción de todos los demás”.

Hoplitas en el ágora

La democracia es una práctica social y, por lo tanto, los elementos contingentes de lugar, tiempo y modo se vuelven, o pueden volverse, importantes. En particular, nos interesa ahora el origen mismo de esta práctica, el momento, el tiempo y el modo en que algunos pueblos empezaron a regirse por el principio “un hombre, un voto”.

Pensemos un momento en el mundo alrededor del siglo VI ac. La inmensa mayoría de los pueblos estaban organizados en variedades de reinos o imperios. Podía haber administraciones más razonables o más severas, pero la vida política solía ser un privilegio de casta al que se accedía por herencia o por conquista. La noción central de la vida política no era la de “ciudadano”, sino la de “súbdito”. ¿Por qué fue en Grecia, y por qué en ese momento, que surgió la democracia? Responder esta pregunta requiere dos precisiones.

La primera, es respecto de las fuentes. Conocemos mucho más de Grecia que de otras culturas antiguas, sencillamente porque nos han llegado muchísimas más fuentes históricas. Y, en particular, sabemos que los sistemas democráticos que se pusieron en vigor allí duraron alrededor de un siglo y medio. Establecer una vinculación, si la hay, entre la producción cultural griega y el florecer de la democracia excede el compás de este trabajo. Baste señalar, sin embargo, que el legado cultural de ese período de esplendor –el Siglo de Oro– ha llegado hasta nuestros días. Es cierto que ha pasado por traducciones, adaptaciones y apropiaciones ideológicas, pero ha conformado un cuerpo de reflexiones filosóficas, políticas, estéticas e históricas que aún hoy es un fascinante objeto de estudio.

La segunda precisión es respecto al alcance del término “democracia”. El mundo griego no escapaba a las limitaciones de su época, en la que la mejor tecnología disponible para concentrar fuerza de trabajo en cualquier lugar y en cualquier momento era el látigo del capataz de esclavos. Así, el grupo social que tenía el carácter de “ciudadano”, y por ende votaba, excluía por definición a los esclavos y a las mujeres. Además, excluía originalmente a quienes no eran propietarios de tierra, aunque luego este requisito se fue suavizando. Como una estimación grosera, podemos decir que los no votantes superaban a los votantes a razón de 8 ó 10 a 1, e incluso más.

Ahora bien, centrémonos unos momentos en la figura del ciudadano de la polis griega. En principio, era un hombre, libre, dueño de una cierta cantidad de tierra. No tenía necesariamente una vida acomodada, aunque las estrecheces del campesino le resultaban ajenas. Cierto número de esclavos y de hombres libres, pero no ciudadanos, se ocupaban del manejo de su granja. Si las cosechas eran buenas, existían excedentes que intercambiar. Para eso, nuestro ciudadano griego se dirigía al “ágora”, donde no sólo se realizaban tratos comerciales, sino que también se discutían cuestiones de interés común. Uno de los problemas más serios eran las cuestiones de límites con las ciudades vecinas

Tras zarandear el asunto a satisfacción, nuestro ciudadano votaba a mano alzada por la propuesta que encontrara más interesante. Si se había votado por la guerra, marchaba al mando de uno o más generales por los que también había votado. Los ciudadanos griegos luchaban protegidos por un gran escudo llamado “hoplón”, un yelmo en la cabeza, grebas en las piernas y una coraza protegiendo torso y vientre. Llevaban, además, una lanza de dos o tres metros. Eran lo que los militares llaman “infantería pesada”, y adoptaban una formación conocida como “falange de hoplitas”: avanzaban de ocho o más en fondo, con las filas frontales manteniendo juntos sus escudos, como si fueran una pared, mientras trataban de clavar sus lanzas en el enemigo. Las filas posteriores, como en el scrum del rugby, brindaban empuje. En tanto el enemigo no pudiera atacar por los flancos o la retaguardia, protegidos además por contingentes de tropas livianas, una falange era una formación compacta de lanzas y escudos que casi nada podía detener, excepto otra falange.

Para algunos autores, esta simetría entre el poder del voto y el deber del combate resulta esencial para entender por qué se dio el fenómeno de la democracia en las polis griegas. Ciertamente, se requería del buen ciudadano griego que mantuviera su lugar en la batalla y que cumpliera las leyes el resto del tiempo. Este igualitarismo se volvía rabioso en la forma en la que se trataba con los personajes que, por mérito o ambición, sobresalían “indebidamente”, que era castigado por los dioses y por los hombres.

En cualquier caso, esta combinación de gobierno consensuado e infantería pesada permitió a las polis defenderse tanto de sus enemigos externos como de la hegemonía de cualquiera de las ciudades-Estado. Veremos a continuación algunos episodios que ejemplifican las principales características de esta dinámica.

“Caminante, ve y di a los espartanos…”

El primer enemigo externo de la comunidad de ciudades-Estado griegas era el Imperio Persa. Desde un núcleo en el actual Irán, los persas habían forjado, en 50 años, un imperio que incluía unos 70 millones de personas, y que se extendía desde el Mar Negro hasta partes de Paquistán y la India. Bajo la dinastía aqueménida había conquistado algunas colonias griegas en la costa del Mar Muerto, y esto amenazaba el flujo de cereales hacia las polis griegas, y en particular a Atenas. En 503 aC. se inició una serie de largas rebeliones conocidas como “los levantamientos jónicos” y Atenas apoyó a los rebeldes. Persia no olvidaría la ofensa. Para 490, un ejército persa al mando del rey Darío I intentó desembarcar en Grecia, a 42 kms. de Atenas, en la llanura de Maratón. Los hoplitas atenienses los derrotaron y luego frustraron un segundo intento de desembarco. El primer episodio de las Guerras Médicas terminó a favor de las polis.

Pero en 480 el hijo de Darío, Jerjes, llevaba casi cinco años preparando la expedición con la que atacó el norte de Grecia. Unos 250 mil hombres avanzaban asistidos por una flota de 1.200 trirremes, cada uno con hasta 200 tripulantes. Era una fuerza de invasión enorme, diseñada para desalentar la resistencia. Sin embargo, algunas polis habían acordado coordinar sus recursos militares bajo el comando de quienes eran reconocidos como los mejores guerreros: los espartanos.

Esparta gobernaba una amplia región al sur de la península del Peloponeso. Estaba gobernada por un sistema complejo que incluía dos reyes, uno por cada una de dos familias tradicionales, una asamblea de ciudadanos y un consejo de ancianos. Su sociedad estaba dividida en tres castas. Los espartiatas eran los ciudadanos, cuyo sistema educativo estaba diseñado para transformarlos en soberbios guerreros. Bajo ellos estaban los periecos, espartanos libres sin plenos derechos de ciudadanía. La tercera casta eran los ilotas, pueblos mesenios y laconios que habían sido sojuzgados y eran tratados como poco más que esclavos. A diferencia de otras polis, en Esparta las mujeres recibían una educación similar a la de los hombres; uno más de los ejemplos del celo con que intentaban hacer “iguales” a todos sus ciudadanos, pero también una necesidad ante un posible levantamiento de los ilotas.

La ruta del ejército persa los llevaba por un paso estrecho entre el mar y las montañas, llamado Desfiladero de las Termópilas. Un contingente griego, de no más de 7.000 hombres entre hoplitas y auxiliares, detuvo con éxito al ejército persa durante dos días: sin flancos expuestos en las pocas decenas de metros que había entonces entre las montañas y el mar, los persas atacaron de frente a los hoplitas griegos y sufrieron muchísimas bajas. Al tercer día un traidor condujo a los persas a la retaguardia  de los griegos, que iniciaron una retirada. En la retaguardia griega quedaron 700 hoplitas tespios y 300 espartanos, al mando de uno de los reyes de Esparta, Leónidas. Los tespios fueron derrotados y tomados como esclavos, pero los espartanos lucharon hasta el último hombre. En tres días habían producido alrededor de 10.000 bajas a los persas.

Leónidas había elegido 300 guerreros que tuvieran un hijo varón, toda vez que un oráculo había predicho que Esparta vencería a los persas, pero perdería a un rey. Su resistencia tenaz y su sacrificio fueron un elemento de propaganda importantísimo. Esparta contrató al poeta Simónides para que compusiera un epitafio para Leónidas, que aún hoy puede leerse en Termópilas: “Caminante, ve y di a los espartanos que aquí yacemos, en cumplimiento de sus leyes”. De las leyes, no por la gloria o el mandato de los dioses. Se había definido, así también, un estándar de conducta contra los “enemigos de la libertad” que tendría profundas implicancias en el futuro de” la cultura griega.

La “divina Salamina”

Poco menos de un mes después de las Termópilas, las fuerzas persas avanzaban sin contratiempos. Los atenienses, piadosos como todos los griegos, habían pedido consejo al oráculo de Delfos, que declaró que todo estaba perdido, y que la última defensa ateniense estaría “tras murallas de madera”. Durante los años previos un ciudadano, Temístocles, había insistido en la creación de una flota poderosa. Y ahora propuso retirar a todos los atenienses al mar, refugiados en la flota, para allí luchar contra los persas o huir a Italia, si no había éxito.

Temístocles asumió el mando de los atenienses y de sus aliados, y enfrentó a Jerjes en el Estrecho de Salamina. El buque de guerra más grande de la época era el trirreme, en el que tres filas de remeros brindaban poder de impulso y de maniobra para embestir, con el ariete de la proa, a las naves enemigas. Por necesidad, las batallas de trirremes se libraban cerca de la costa, y desde allí, en un trono en un monte, Jerjes asistía al espectáculo. Pero al librarse en un estrecho, y casi podríamos agregar “otra vez”, la flota persa no podía valerse de su superioridad numérica y flanquear a la flota griega.

En la historia de la guerra naval ha habido pocos episodios tan crueles como Salamina. Las bajas de los persas se estiman, hoy, casi en 40.000 hombres, una cifra impresionante. Los griegos, por su parte, sólo perdieron unos miles de hombres. Dos razones se han esgrimido para explicar esta diferencia, y ambas son culturales. La primera, que los griegos, como pueblo, vivían cerca del mar y, por regla, sabían nadar; pero sus enemigos no. Aquellos persas que, además, pudieron alcanzar nadando o flotando las costas fueron muertos por patrullas griegas. La segunda, y más acorde con esta perspectiva, es que los griegos eran remeros libres, que no estaban atados a su barco. Cuando un trirreme embestía, la nave enemiga se hundía rápidamente. Los persas, en cambio, mayormente usaban esclavos, en muchos casos atados al remo. Así, en el momento más necesario, cuando la nave estaba en maniobras de combate, el terror de los esclavos podía resultar en la pérdida de todo impulso.

Sin embargo, hay mucho que desconocemos sobre la batalla. Lo que resulta mucho más interesante, y pertinente para este enfoque, son sus consecuencias. La más obvia fue iniciar la retirada persa: Jerjes, privado del apoyo de la flota, volvió atrás con la mejor parte de su ejército. En poco más de un año, los griegos destruyeron a las fuerzas persas en las batallas de Platea y Micala. En las siguientes tres décadas el Imperio Persa se retiraría cada vez más lejos de Grecia.

La consecuencia más duradera, sin embargo, fue en la propia Atenas. La “divina Salamina”, como pronto la llamaron en toda Grecia, fue una victoria de hombres libres, no de ciudadanos. Los barcos griegos tenían nombres como “democracia” y “autodeterminación”, y los cantos de los remeros atenienses iban en el mismo sentido. Atenas tenía la marina más poderosa del Egeo, pero su fuerza motora eran los remeros pobres, quienes reclamaron su participación en el gobierno. Esta combinación implicó que Atenas formara, en parte a costa de los persas, su propio imperio. Y la lanzó de lleno a lo que llamamos, hoy, “el Siglo de Oro”. Atenas aparecía como un faro resplandeciente que congregaba a filósofos, arquitectos, dramaturgos y escultores. En otras polis, además, el ejemplo de la democracia ateniense alentaba a los demócratas locales.

Termópilas y Salamina han sido señaladas como momentos cruciales de la historia de Occidente. Los espartanos luchando junto al cadáver de Leónidas; los remeros griegos cantando en la batalla; Jerjes saltando tres veces de su trono, incrédulo ante la carnicería en Salamina; fueron imágenes poderosas sobre el poder de la combinación de disciplina y democracia. Y por cierto que si Jerjes hubiera vencido, la historia de Grecia hubiera cambiado. Pero Jerjes fue derrotado, por primera vez, por el valor del remero ateniense, un hecho que definiría buena parte de los conflictos del siglo siguiente.

Tres veces nueve años

Esta expansión de la calidad de “ciudadano” iba más allá de lo que los espartanos consideraban aceptable. Esparta era una sociedad conservadora por necesidad, que no podía permitirse que sus ilotas intentaran sacudirse el yugo. Pero, además, el poder de Atenas ya era hegemónico en el mar, y empezaba a ser importante en tierra. La guerra entre las coaliciones de aliadas de Atenas y de aliadas de Esparta devino, así, casi inevitable.

Cuando se iniciaron las hostilidades, el Oráculo de Delfos predijo que duraría “tres veces nueve años”. Si bien hubo períodos de paz, durante tres décadas Esparta y Atenas consumieron su poder en una contienda de una ferocidad nunca antes vista en el mundo griego. Las convenciones bélicas anteriores sobre el trato de civiles, prisioneros y cadáveres del enemigo fueron barridas.

Una serie de errores estratégicos, como las campañas de Melia y Sicilia, y una peste que asoló la ciudad, sellaron el destino del esfuerzo bélico de Atenas. Derrotada en 404 ac, la ciudad hubo de soportar duras condiciones: una guarnición espartana; la destrucción de sus murallas; la pérdida de su imperio y el gobierno de 30 ciudadanos ilustres (elegidos por los espartanos) que rápidamente fueron llamados “los Treinta Tiranos”. Atenas había empezado la guerra con unos 40.000 ciudadanos. Ahora tenía apenas un cuerpo consultivo, con la apariencia de una asamblea, integrado por 3.000 “ilustres” entre los que había una mayoría de pro-espartanos. Los Treinta Tiranos, además, iniciaron una campaña de destierros y ejecuciones judiciales de los opositores, que incluía la confiscación de sus bienes.

Esparta, por su parte, también había resultado muy castigada por la guerra del Peloponeso. Había perdido muchísimos hombres y mucho prestigio: en las etapas finales de la guerra había aceptado el oro persa para sostener a sus aliados. Sus instituciones y su dominio de los ilotas estaban en crisis, y se mostraron incapaces de controlar el imperio que habían arrebatado a los atenienses. Menos de un año después, en 403 ac, los demócratas atenienses lograron expulsar a los Treinta Tiranos. La nueva democracia ateniense resultó ser un gobierno prudente. Limitó las persecuciones y venganzas contra los Treinta y los Tres Mil mediante el dictado de una ley de amnistía. Atenas era una sociedad cansada de años de guerra. Pero en pocos años recobró sus murallas y su comercio; y en pocas décadas, su imperio comercial.

La muerte de Sócrates

Una de las más viejas tradiciones de crítica a la democracia proviene de aquellos días. La historia es conocida, y ha llegado a nosotros en la aún hoy angustiante crónica que realizara Platón. Se trata del juicio y ejecución de Sócrates, un filósofo ateniense, en 399 ac. Es materia discutible si el juicio se inició para buscar la muerte, o sólo la humillación de Sócrates, quien había sido uno de los Tres Mil, aunque no proespartano. Pero culminó en la condena de un anciano que aceptó su injusta muerte con sobriedad, integrándola en su deber de observancia de la ley ateniense.

Platón inició su crítica a la democracia al señalar con qué voluble espíritu había votado la Asamblea, decidiendo y festejando la muerte de su maestro para luego pasar a ocupaciones más banales. Este carácter volátil de la asamblea ateniense siempre había espantado a los sectores más conservadores y aristocráticos, de los cuáles provenía Platón. Durante las siguientes décadas, mientras Atenas trataba de reconstruir su imperio; Esparta se eclipsaba y Tebas iniciaba su ascenso, esta volatilidad sería un elemento determinante de la política internacional.

Hay aspectos del juicio a Sócrates que hoy encontraríamos nulificantes: la vaguedad de las acusaciones, la falta de garantías procesales y asistencia letrada, la ausencia de toda posibilidad de revisión del proceso, la crueldad e inmediatez de la pena. De hecho, constituye una referencia obligada, en el estudio del Derecho, como ejemplo de las flagrantes injusticias que conlleva el desprecio a los derechos individuales.

La democracia griega y la democracia moderna

Sócrates fue asesinado en 399 ac. Para 363 ac, la democracia ateniense ya estaba supeditada a los deseos de Filipo II, el rey de Macedonia. La base agraria y el sistema de ciudadanos-soldado habían pasado de su mejor momento, en buena medida por su propio éxito. El hijo de Filipo fue educado por un alumno de Platón llamado Aristóteles, y pasó a la historia como Alejandro Magno, uno de los genios militares de la antigüedad. Su padre había unificado Grecia a sangre y fuego como paso previo a la conquista del Imperio Persa. Alejandro, como sabemos, lo logró mediante una serie de campañas brillantes en las que expandió lo que llamamos “la cultura helenística”, una combinación de elementos griegos, macedonios y orientales.

La democracia griega inspiró también a la República romana, ayudando a consolidar el poder de lo que, luego de Julio César, conocemos como el Imperio Romano. Para el siglo XVII era casi inevitable que hubiera menciones de la historia griega en las discusiones políticas. En el siglo XXI asistimos a gimnasios, simposios, liceos y academias sin relacionarlos, necesariamente, con la historia griega.

Aunque nuestras libertades y nuestras democracias son muy diferentes, no debemos dejarnos confundir por las notas que son propias de aquellas épocas. Hoy pensaríamos que los griegos clásicos eran sexistas, machistas y chovinistas. La sujeción del individuo al Estado era mucho mayor que la que hoy consideraríamos aceptable. Y con frecuencia sus gobernantes eran venales, corruptos, torpes, miopes o crueles. Fue la Asamblea democrática de Atenas la que votó la muerte de Sócrates, o las matanzas de los melios.

Pero para ser justos con el legado de la democracia griega, tenemos también que tomar en cuenta tanto su excepcionalidad como sus logros. A lo largo de casi dos siglos, un conjunto de casi mil ciudades tuvo instituciones de gobierno más o menos consensuadas que produjeron una cultura pujante y efervescente. En ausencia de dogmas político-religiosos, la libre discusión entre ciudadanos produjo avances en todas las áreas del conocimiento. Aún hoy nos referimos a los griegos clásicos para la mayoría de las disciplinas, al menos en el ámbito de la cultura occidental. De las matemáticas al teatro, todo parece hecho o intentado por ellos.

Una suerte de sabiduría colectiva permitió estos logros culturales. Nuestro mundo es infinitamente más rico y complejo que el de aquellos griegos, pero no hemos logrado superar su visión de la virtud cívica: el derecho a elegir y el deber de participar. Aún cuando ahora no votamos a mano alzada, sino que elegimos representantes para que lo hagan por nosotros mediante complejos sistemas de una o más asambleas. Aún cuando ahora hay una distancia enorme entre la decisión del votante y la ejecución de la política por parte del gobernante. Aún cuando auditar los actos de gobierno es mucho más difícil que presentar el caso ante una asamblea de iguales.

Aún con todas esas diferencias, y muchas más que podríamos encontrar, en algún punto nos intuimos continuadores de esa tradición de democracia. Aún sin una reflexión política profunda, intuimos que el gobierno de consenso, el respeto a la ley y la capacidad de auditar efectivamente a los gobernantes son pilares esenciales del buen gobierno. La noción de “ciudadano” nos ha permitido articular el mundo político y social durante los últimos tres siglos, y rechazamos por pernicioso todo aquello que nos prive de la libertad necesaria para lograr estos pilares. La lanza espartana y el remo ateniense defendieron la democracia en sus orígenes. Pero cada generación tiene que resolver qué hará con la libertad de la que goza, o como obtendrá la que le falta.

Raúl J. Maldonado

 Para seguir leyendo: la bibliografía sobre la democracia griega es, por necesidad, apabullante. Por supuesto, tenemos excelentes traducciones de los textos clásicos como las "Historias" de Heródoto; la "Historia de la guerra del Peloponeso", de Tucídides, o la "Annábasis", de Jenofonte. Heródoto se centra en las Guerras Médicas. Tucídides, por su parte, deja sin cubrir los últimos años de la guerra. Y Jenofonte, por último, narra un episodio marginal, una incursión de 10.000 hoplitas, veteranos de la Guerra del Peloponeso, como mercenarios en Persia. En el mercado local, podemos encontrar además excelentes obras de divulgación sobre los temas tratados en este artículo. Podemos citar "Termópilas. La batalla que cambió el mundo", de Paul Cartledge (Ariel, Barcelona, 2010); "Un siglo decisivo. Del declive de Atenas al auge de Alejandro Magno", de Michael Scott (Ediciones B, Barcelona, 2010) y, como casi obligatorio, "La guerra del Peloponeso" de Donald Kagan (Edhasa, Barcelona, 2010). Sobre aspectos más específicos, como la batalla de Salamina, puede verse "Matanza y cultura. Batallas decisivas en el auge de la civilización occidental" de Victor Davis Hanson (Fondo de Cultura Económica, México, 2006), así como algunos de sus ensayos en "Guerra. El origen de todo" (Turner, Madrid, 2011).

 

Las fotos en las manos de mi amigo

Las fotos están ahí, en las manos de mi amigo, con el que no nos veíamos en décadas: sus padres, con la misma mirada que recuerdo, en rostros más castigados por el tiempo. Rodeados de otros rostros, en una fiesta familiar, entre los que reconozco a mi amigo y sus hermanos.

Varias décadas bien vividas me separan de ese patio y esos vecinos, mis amigos del barrio. Un largo lapso en el que la vida nos llevó por caminos diferentes. Y en un momento, él me confiesa que no supo mi historia familiar hasta muy entrado el actual siglo, por charlas con un amigo común. Bien puede ser, en esos tiempos el servicio militar de mi amigo nos separó, y de alguna manera él quedó fuera de aquellos momentos en que mis amigos se enteraban que mi madre no había estado “de viaje” durante todos esos años, sino muerta, o tal vez detenida. Era uno de los miles de “desaparecidos” de los que se hablaba, en la primavera democrática de Alfonsín, con una mezcla de temor y de alivio: temor al horror que se relataba; alivio de poder contar las vivencias y las sospechas, y de que la larga Edad Oscura del Proceso de Reorganización Nacional hubiera terminado.

Hoy, un viejo convicto ha decidido, por razones ignotas, que vale la pena otorgar entrevistas y confesar que si, que se trató de un plan sistemático de exterminio de opositores políticos; que en la selección de las víctimas participaron tanto los militares como los civiles; que hubo muchos más cómplices que los 1200 represores que aún son juzgados; y que él mismo gobernó la Argentina sin derecho, pero también sin oposición alguna. Poco importa si Jorge Rafael Videla confiesa la muerte de más o menos personas. Poco agregan estas confesiones, motivadas quizá por mero narcisismo, quizá por cálculo sobre el mejor uso de su menguado capital político, al plexo probatorio que se ha construido durante décadas. Poco importa, incluso, resaltar los obvios paralelismos entre sus dichos y el decreto “Noche y niebla” del nazismo, o señalar que el eufemismo “disposición final” para hablar de la muerte de un prisionero tiene un obvio paralelo con el de “solución final”.

Veo las fotos en las manos de mi amigo, que esos padres, como tantos otros, miraban para otro lado cuando yo ensayaba mis torpes explicaciones sobre el paradero de mi madre, y no volvían jamás sobre el tema. Pero jamás me cerraron la puerta.

Veo esas fotos y no puedo sino pensar que el Proceso de Reorganización Nacional mató, violó, torturó y saqueó, sumergió a esta sociedad en un horror del que aún no despierta. Privó a miles de familias de saber, siquiera, dónde están los restos de sus seres queridos. Recompensó a sus miembros y a sus cómplices con fortunas importantes, y con márgenes cada vez más exiguos de impunidad.

¿Pero disciplinar a este pueblo? En eso, que el miserable criminal convicto que declara ante la prensa como si fuera un estadista no se confunda: ¿disciplinar? ni por un segundo, cabrón.

Luis Alberto Spinetta

¿Qué define a una “generación”, en términos sociales? Sin demasiado rigor, me atrevo a indicar que un conjunto de experiencias compartidas, más allá del mero accidente de ser coetáneos. Pueden, así, convivir en cada uno de nosotros varias “generaciones”, varias experiencias, varias historias.

Para quienes compartimos ser “la generación del rock nacional”, el 8 de febrero ha sido un día de espanto, tristeza y dolor: Luis Alberto Spinetta ha muerto. Nos reconocemos por las calles, nos saludamos, nos enviamos mensajes cada vez más breves y más sentidos. El Flaco se fue, ¿por qué no se ha parado el mundo, al menos unos instantes? ¿Por qué suenan los teléfonos, por quénos requieren los trabajos? ¿Por qué nos duele tanto, hoy, la poesía? ¿Por qué la angustia nos desgarra la garganta mientras estamos en silencio?

Todo recorte, en estos asuntos, es arbitrario y tal vez injusto, pero en mi caso mi propia juventud está atada a tres músicos argentinos. Charly García, con la locura y el desparpajo, saltando siempre de un piso alto para caer en una enorme pileta de sonidos, lleva el estandarte de la locura y el inconformismo. León Gieco, recordándonos que la vida es mucho, pero mucho más que la seguridad económica, lleva el estandarte de la mucha o poca dignidad que tengamos como generación.

Y El Flaco, por su parte, llevaba el estandarte de nuestra poesía. No quiero extenderme en sus méritos ni en su historia. Otros, con más talento, ya lo han hecho a lo largo y a lo ancho del Arte, aunque rescato en particular lo escrito por Diego Fischerman. Ni es preciso resaltar sus cualidades como hombre, como padre y como ciudadano, aunque valga la pena rescatar las palabras de Mario Pergolini al respecto.

Algunos amigos me han enviado, tan sólo, estrofas de algunas canciones, en mensajes despojados, sin siquiera una línea más en el casillero del “asunto” del mensaje. Otros las han copiado en sus perfiles de las redes sociales, o han puestos vínculos a videos que resultan tan dulces como dolorosos.

Pero todos estamos allí, solos con nuestros recuerdos y nuestras emociones, pensando, sintiendo. Las palabras no nos alcanzan, la magia no está, los tributos parecen vacíos y las coberturas de los medios no explican la emoción del sonido, de la escucha compartida, del momento en que descubrimos esa forma inefable de entender la realidad. Nuestro mundo se hizo incomparablemente más bello, pero hoy estamos incomparablemente más solos.

El Flaco se fue. El día, los amigos y todas las cosas nos llaman, pero El Flaco se fue. No nos alcanzan las lágrimas.

Elecciones 2011 y la desgracia de la Patria

“Resulta sano y positivo que, en un país libre, las filosofías sociales contradictorias puedan combatir con entera libertad. En el estado actual de nuestras sociedades, resulta inevitable que las diferentes clases tengan intereses contrapuestos y sean conscientes de sus antagonismos. La desgracia de la patria comienza cuando dejan de comprenderse la legitimidad de estos enfrentamientos.”

Esta cita pertenece a un capitán del ejército francés, que escribió en 1940 un libro llamado “La extraña derrota” buscando brindar, más que un testimonio personal, una reflexión sobre las causas de la caída del ejército francés, tenido por el más poderoso de Europa, en apenas cinco semanas frente a las columnas blindadas nazis. No era, de todas formas, un soldado cualquiera: “el capitán más viejo del ejército francés”, como se refería a si mismo, era Marc Bloch, un reputado historiador, fundador –junto con Lucien Febvre– de la “Escuela de los Anales”, cuyo impacto en la historiografía universal es indiscutible y duradero: el uso de aportes de otras disciplinas, la definición de ciclos históricos largos y la incorporación del análisis económico a la Historia, entre otras, hoy son notas normales, pero que abrevan en esa tradición historiográfica. Marc Bloch ostentó la triple condición de judío, intelectual y miembro de la Resistencia. Capturado por la Gestapo, fue torturado durante meses, y fusilado a pocos días del desembarco aliado en Normandía. Tenía 57 años.

En Argentina, como en muchos otros países –si no en todos–, puede ejemplificarse esta “desgracia de la patria” en un resumen brevísimo: el ciclo de reclamos sociales, represión y golpes de Estado que ocupó las cuatro quintas partes del siglo XX. La Historia, sin embargo, no presenta revanchas, sino lecciones.

El domingo pasado, más del 70% de los votos válidos emitidos votó a dos propuestas –la reelección de Cristina Fernández y la del Frente Amplio Progresista– que se adscriben dentro de esa entidad de difícil descripción: el “progresismo”. El término ha devenido, por fuerza y multiplicidad de uso, tan equívoco como omnipresente, pero en términos generales podemos sostener que caracteriza aquella visión política que propugna realizar cambios o reformas sociales por medio de la intervención del Estado. Es en este punto, la intervención estatal, donde se encuentra la mayor diferencia las corrientes liberales: el alcance de las restricciones a la libertad de empresa es mayor en el progresismo. Pero mucho mayor. Cualquiera conviene en que un mínimo es indispensable a la vida en sociedad –el ejemplo de imaginar que la única restricción a la actividad farmacéutica fueran las reglas de mercado, y no se controlara la calidad de las medicinas puestas a disposición de la población alcanza para demostrar el punto–. El asunto más difícil es determinar cuándo el Estado debe intervenir, de qué forma y con qué alcance, a la hora de morigerar o eliminar las desigualdades sociales. Asimismo, la constante confusión que existe entre “progresismos” e “izquierdas” en buena parte de la literatura política hacen poco y nada por aclarar el uso del concepto.

En cualquier caso, lo concreto es que tanto la reelección de Cristina Fernández como el ascenso del gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, abrevan en una corriente común: la promesa igualitaria que atraviesa tanto sus propuestas como sus acciones de gobierno. Ríos de tinta y de píxeles han corrido, y correrán, analizando con detalle los pro y los contra de cada uno de estos candidatos, y su mención excedería con mucho el compás de este artículo. Baste decir que las adscripciones políticas nunca resultan tan claras y definidas como gustaría a políticos y periodistas. Pero quiero detenerme en dos de las críticas más frecuentes: que al oficialismo lo votaron masas ignorantes que buscan prebendas, y que al Frente Amplio Progresista lo votaron quienes buscaban, casi sin esperanza, que un opositor, cualquiera, tuviera alguna chance contra “el régimen”.

El primero de esos argumentos es común, pedestre y francamente insultante: la extensión de la franquicia electoral a todo ciudadano mayor de 18 años no llegó por imposición divina, sino por la lucha de millones de hombres y mujeres durante la larga historia humana. Desde sus humildes orígenes en la sociedad esclavista de Grecia hasta el presente, siempre ha existido alguna valla que separaba a quienes decidían de quienes, meramente, soportaban. Para considerar que un régimen político es democrático, hoy, se considera que la franquicia electoral debe tener la mayor extensión posible. Eso iguala el voto del más formado de los ciudadanos con el más tosco y embrutecido, pero ambos perciben la realidad que les toca vivir. Impugnar el voto ajeno porque se basa en una visión cortoplacista sólo es una variante modernizada del discurso conservador, y constituye un resabio autoritario del que esta sociedad, por supuesto, no ha logrado sustraerse, pero que obtura la posibilidad del debate político útil que reconozca, en palabras de Bloch, la legitimidad de los reclamos sociales.

El segundo argumento, la pretendida inflación de los votos del FAP por opositores no convencidos de otra cosa que no sea obstaculizar al oficialismo, tampoco resiste mucho análisis. Es probable que existan tales votos, pero son imposibles de mesurar, excepción hecha del análisis pormenorizado de los resultados entre las primarias de agosto y las presidenciales de octubre. En tales términos, el FAP subió en casi un millón y medio de votantes. Pero el oficialismo también logró aumentar su caudal de votantes de 10,7 a 11,5 millones. Tirios y troyanos encuentran diferentes motivos para estas variaciones, en lo personal prefiero verlas como manifestaciones de adscripción a una promesa igualitaria. Tanto el gobierno nacional como el de la provincia de Santa Fe tienen sus méritos y sus defectos, ¿qué duda cabe? Cuestiones de gestión, de sustentabilidad, de habilidad, inciden en la visión que se pueda desarrollar sobre cada uno de estos candidatos. Pero al momento de depositar el sobre en la urna, las opciones se simplifican, y una aplastante mayoría de ciudadanos se ha manifestado a favor de dichas promesas igualitarias.

Sigue siendo ocioso analizar cuál ha sido la motivación de cada votante en particular, pero cabe destacar que cinco candidatos se reparten el treinta por ciento de los votos válidos, aunque entre ellos figura, también, un no–candidato: el universo de votantes disconformes o meramente torpes. Sobre 28,8 millones de electores, los votos en blanco, anulados e impugnados alcanzaron casi 900.000. Digamos, sin rubor, que esos votos pueden ser vistos como una medición de la decepción, el desinterés o la incomprensión de los detalles del proceso electoral. Algunos candidatos presidenciales, sin embargo, ni siquiera lograron superar, con sus propuestas, ese estándar de los “disconformes” que, huelga decirlo, es natural a cualquier proceso electoral. Y también que una fuerza política importante, al menos en el distrito electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, decidió no presentar candidatos: los votantes del incumbente Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, no han tenido representación electoral ni en las primarias ni en las presidenciales.

El caso más doloroso, quizá, es el del tradicional frente de la izquierda argentina, que propuso la candidatura de Jorge Altamira, un militante de reconocida trayectoria en el trotskismo local. Su fórmula cosechó poco menos de medio millón de votos en todo en el país. Y si faltaba una cereza para el pastel de la izquierda argentina, en las elecciones primarias celebradas en agosto se pedía “un milagro para Altamira” para que lograra superar los mínimos que establecía la ley electoral. Duele decirlo, pero la bandera anticlerical, histórica reivindicación de la izquierda mundial, no queda muy bien parada cuando hay que pedir “milagros”… máxime en una sociedad como la Argentina, donde la separación entre la Iglesia y el Estado es un mandato político que todos declaman, pero nadie respeta. ¿O qué otro origen tiene, por ejemplo, la larga resistencia a que exista educación sexual en las escuelas públicas, o a que se discuta, en serio, la cuestión del aborto a nivel legislativo?

Otro caso paradigmático es el de Elisa Carrió, candidata por la Coalición Cívica. Otrora referente del electorado ilustrado de las grandes ciudades –y un corto otrora, menor a una década–, este año obtuvo la peor cosecha de votos: no llegó a los 400.000. Parte de la explicación, como han destacado todos los analistas, se puede encontrar en el propio discurso de Carrió, tremendista y apocalíptico. Resulta difícil resistir la tentación de compararla con el periodista cristiano Harold Camping, quien predijo –conforme su interpretación de sus textos sagrados– que el fin del mundo llegaría el 21 de mayo de 2011. Poco después reconoció su error, y postergó la fecha hasta el 21 de octubre, basándose en la aplicación de la numerología al texto bíblico que, para él, debe ser entendido, siempre, en forma literal. Sin duda las predicciones de un apocalpisis de la República no han ayudado a las fuerzas de Carrió, pero quizá no tanto por la repetición y el hartazgo como por la ausencia de propuestas concretas que supo desplegar en la campaña.

El primero de los siete candidatos en superar la barrera de los disconformes es Eduardo Duhalde, un político de larga militancia peronista que llegó a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, la vicepresidencia durante la administración Menem y la presidencia luego de la crisis de 2001. Poco más de un millón y cuarto de votantes apoyaron su propuesta, que lentamente ha ido derivando de un neoliberalismo ramplón a una defensa decadente de la última dictadura militar. Ha repetido, hasta el hartazgo, que los juicios contra los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Proceso de Reorganización Nacional han sembrado la discordia entre los argentinos. Este autor reconoce que, quizá, deba salir más de su casa y su oficina, pero no tengo recuerdo de haber sabido, siquiera por mentas ajenas, que dos personas se pelearan en la calle, o en alguna reunión social, a raíz de estos asuntos. Me ha tocado en suerte, incluso, debatirlo en diferentes ámbitos y con diferentes personas, y ni siquiera tengo el recuerdo de un insulto. Por supuesto que hay personas afectadas por estos crímenes y las investigaciones a las que dieron lugar: los victimarios, y los familiares de las víctimas. Pero no parece que sea allí donde se requieran “concordia” y “unidad nacional”, sino sólo “justicia”. Pero, si vox populi, vox dei, su discurso ha quedado reducido a un pequeño porcentaje. E incluso, si hay que echar sal a la herida, podría verse como destino último de este elemento del discurso duhaldista el destino de la farsa: en la edición de La Nación, de hoy 25 de octubre, aparece como una de las dos propuestas de “El Señor González”, el personaje que con deprimente puntualidad desarrolla Rolando Hanglin intentando, quizá, nutrirse del costumbrismo criollo. En la columna en cuestión, propone dos medidas: amnistía para los delitos políticos cometidos entre 1970 y 1983; y reconocimiento de la soberanía inglesa en las islas Malvinas. Sería agradable pensar que se trata de una lección de civismo encubierta: tal hipotética amnistía violaría varios pactos internacionales, incluso los que están integrados al texto constitucional desde 1994; y la guerra no se reconoce, en derecho internacional, como argumento suficiente para la apropiación territorial. Pero esos pequeños detalles no quitan el placer, si lo hubiere, de leer los desvaríos que Hanglin atribuye a su personaje.

Alberto Rodríguez Saa, otro candidato del peronismo, superó a Duhalde y obtuvo poco más de 1,7 millones de votos, la mitad de ellos en la provincia de Buenos Aires, y los demás repartidos en las otras jurisdicciones electorales del país. Miembro de una familia tradicional que ha gobernado su provincia, San Luis, desde 1983 sin interrupciones, es el tercero de los candidatos que puede mostrar alguna gestión –los otros son la actual Presidenta Cristina Fernández y el gobernador de Santa Fe, Hermes Binner–.

En el tercer lugar de la pugna electoral se encuentra Ricardo Alfonsín, de la “Alianza Unión para el Desarrollo Social”, un sello que refería a un viraje tanto ideológico como táctico y llevaba, como vicepresidente, a Francisco de Narváez, un empresario nacido en Colombia y de reconocida participación en el negocio de los medios de comunicación. Poco hay que decir de esta alianza, que aparecía como “antinatural” –si se puede aplicar la palabra– hasta tal punto que muchos analistas destacaron que, tanto en las primarias como en las presidenciales, hubo un buen número de electores que retiraban a los candidatos radicales de la UDESO e incorporaban en su lugar a los de la Alianza Compromiso Federal de Rodríguez Saá. Doloroso destino para el hijo de Raúl Alfonsín, que ha aprendido –por el camino duro– que la política sigue teniendo que verse en términos de vinculación con los electores y sus necesidades, y que las grandes maniobras políticas requieren gran coraje, pero atemperados por una prudencia de la que no supo hacer gala.

El lector avispado podrá pensar, a estas alturas, ¿y dónde radica la “desgracia de la patria” a la que hace referencia el título del artículo? Pregunta válida, por cierto, y cuya respuesta concluye estas reflexiones: en el espíritu de pueblo pequeño que demuestran, mayormente, los analistas políticos locales. Contar las menciones en las redes sociales, repetir consignas vacías, titular con descaro los logros de los propios y los defectos de los ajenos, y un largo etcétera, son pobres sucedáneos de la discusión política seria, y un pobre baldón para el periodismo vernáculo.

El análisis político no escapa a las reglas del negocio informativo: la información es una commoditie más, que puede ser comprada, vendida y manufacturada. Sobran ejemplos en la historia, desde el viejo Herst culpando, en sus diarios, a España del hundimiento del acorazado Maine –lo que originó la guerra entre EE.UU. y España, donde la potencia europea perdió casi sus últimas colonias: Cuba, Puerto Rico y Filipinas– hasta Goebbels agregando un cero a la cifra de víctimas en los bombardeos de Dresde en 1944, que así habrían pasado de 30 a 300 miles. O la administración Bush, ofrendando a Colin Powell como cordero sacrificial al proponer “evidencias” de la existencia de las armas químicas del régimen iraquí. Y seguramente cualquier lector podrá encontrar ejemplos más locales y cercanos, sin mucho esfuerzo.

Cristina Fernández y Hermes Binner se han presentado como líderes transformacionales: aquellas personas que dejan una huella en la historia y llevan a sus países o provincias hacia una nueva etapa. Comprendieron, mal que pese a varios, que la ciudadanía requiere, hoy, ese tipo de liderazgo. Insisto, no tiene aquí cabida el análisis de cuánto lograron transformar, en concreto, y en qué sentido, o cuáles son sus capacidades, sus voluntades y sus límites en tales transformaciones. Pero supieron encarnar esa necesidad de sus electores, mientras que los candidatos de las otras cinco fuerzas políticas quedaron atrapados en sus propias limitaciones. De los levantamientos populares en el Cercano Oriente a los “indignados” de Europa –y los que se manifestaron en Wall Street mientras los banqueros tomaban champagne–, del avance de los gobiernos de corte popular en América Latina a las pujas redistributivas en China, el reclamo del cumplimiento de la promesa igualitaria define las políticas exitosas. Sólo dos de los siete candidatos presidenciales lograron sintonizar esa fibra en el electorado, comprendiendo que tal reclamo es, en esencia, legítimo y perentorio.

Los otros cinco candidatos, en definitiva, encarnan sólo la desgracia de la patria.

Raúl J. Maldonado

29 de marzo, cinco años después

Este es un texto que escribí hace cinco años. No me sorprende que mantenga, en lo esencial, su vigencia, salvando alguna que otra cuestión de la propia coyuntura de aquél tiempo.


30 años después de la muerte de mi madre, hoy llevé claveles rojos a su tumba. Dos balazos en la cabeza sellaron su vida. Pero compartió, durante casi 28 años, el destino de miles de argentinos. Sus restos fueron enterrados en el sector de NN –non nomine, o sin nombre– del Cementerio de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, junto a 13 personas más. Permanecieron allí hasta 1983, cuando fueron exhumados y llevados –en pequeñas bolsas de plástico y cajas de cartón– a la Asesoría Pericial de la Ciudad de La Plata.

Ignorando estos hechos, en 1996 iniciamos una acción judicial para recuperar los restos, y nombrando peritos de parte al Equipo Argentino de Antropología Forense. Uno de sus miembros logró encontrar, en la Asesoría Pericial, las bolsas donde los restos del Cementerio de Moreno habían sido mezclados, sin orden ni concierto, y unas fotocopias simples del expediente de la inhumación, que dieron importantes pistas. Resaltaba, sobre todo, los exámenes post mortem –pues no llegaban al rigor de una autopsia– realizados a los cuerpos en forma inmediata a la muerte. Uno o dos disparos en la cabeza habían rematado a los prisioneros. Sus cuerpos, luego, fueron incinerados en forma precaria, y enterrados sin mayor ceremonia ni tentativa de identificarlos formalmente.

No es por pudor, ni por temor, que omito, ex profeso, detalles relevantes, como el nombre, el ámbito de militancia y las circunstancias del último día de vida de mi madre. Exceden el compás de este escrito, que se enfoca en mis propias sensaciones el día en que nos entregaron los restos.

El proceso de identificación, en si, llevó varios años de trabajo. Los esqueletos y las hipótesis forenses comenzaron a cobrar sentido, y la identificación de parte de los maxilares y la forma del cráneo permitía acercar un nombre a esos restos destrozados por disparos a bocajarro. La crónica escasez de recursos del Poder Judicial y la siempre exigida capacidad de trabajo del EAAF llevaron a que las pruebas de ADN recién pudieran ser procesadas en 2004. Pero una vez realizada la identificación, la Cámara Federal accedió a mi pedido de inmediata entrega de los restos, bajo el argumento genérico de que no se podía, ni se debía, esperar un minuto más para cumplir con la inhumación.

Los restos de mi madre fueron cubiertos por claveles rojos que arrojamos sus amigos y parientes, y nuestros amigos y parientes, y luego por la tierra común de un cementerio popular. Muchas personas viajaron muy lejos para estar ese día. Por una combinación improbable de tenacidad, deber moral y mucha buena suerte, habíamos logrado “hacer reaparecer” los restos de mi madre y dar cumplimiento al entierro ceremonial, una de las conductas más antiguas de la Humanidad, presente en todas las culturas e independiente de todas las religiones.

Hoy, treinta años después de esa muerte, hay voces que siguen esgrimiendo sus cansinos argumentos sobre “lo infernal de la guerra”, o sobre “la violencia de ambos bandos”, o sobre “la necesidad de reconciliación”. Tomados uno a uno, o en conjunto, son argumentos necios, tontos y tan faltos de rigor como de buena fe. Ninguna pretendida “guerra” justifica el secuestro, la tortura, el asesinato, el robo de bienes y la apropiación de menores. Ninguna violencia justifica que el Estado aplique su considerable poder a violar las garantías del sistema legal.

El grupo de personajes variopintos, mezcla de oportunistas, integristas católicos y lumpenaje que constituyó el brazo ejecutor de la dictadura militar sigue, hoy, reivindicando su accionar. Cuando no, como pudimos constatar en días cercanos, reproduciendo sus mismas tácticas de control ideológico y estableciendo el peligro de la intelectualidad para los intereses marítimos de la patria. Que más de un cuarto de siglo después los torturadores y asesinos sigan esgrimiendo su exacerbada visión del conflicto social –y, sobre todo, de las formas de resolverlo– no deja de tener sentido: a todos les va su conciencia, y a muchos su libertad, en esa discusión. Tampoco puede esperarse que los distintos actores políticos de nuestro país dejen de vincular sus propias propuestas políticas y sus valoraciones sobre los últimos 30 años. La dimensión pública de estos asuntos supera y trasciende las valoraciones individuales, como ocurre con cualquier hecho relevante de la historia o de la actualidad.

La desaparición forzada de personas no es privativa de nuestro país, sino una práctica extendida por todo el mundo, como cualquiera puede constatar en pocos minutos. Tampoco es novedosa, Sófocles, en la Grecia clásica, narra en su Antígona un caso clásico de abuso del poder estatal: Creonte, rey de Tebas, había ordenado que Polinices quedara insepulto por intentar derrocarlo. Antígona desafió la ley humana para cumplir el mandato divino de enterrar a su hermano. Creonte, para no ser culpado por la muerte de Antífona, trama un asesinato encubierto: “La llevaré allí donde la huella de los hombre esté ausente, y la ocultaré en una pétrea caverna.” Antígona dice al coro: “A vosotros os tomo por testigos de cómo, sin lamento de los míos, y por qué clase de leyes, me dirijo hacia un túmulo excavado de una imprevista tumba. ¡Ay de mi, desdichada, que no pertenezco ni a los mortales ni soy una más entre los difuntos, que ni estoy ni con los vivos ni con los muertos!”

Millones de Antígonas, en todo el mundo, siguen clamando desde el limbo de los desaparecidos. Convenciones multilaterales y regionales, y disposiciones constitucionales y legales de muchísimos países tratan de erradicar el odioso crimen de la desaparición forzada de personas. Millones de hombres y mujeres ponen su esfuerzo cotidiano para que así sea. Y aunque los resultados a la vista son parciales, los avances son innegables.

El cráneo de mi madre tiene dos disparos a quemarropa. He tenido la buena fortuna de poder recuperarlo, verlo, tocarlo y enterrarlo, gracias al apoyo de gente maravillosa. Es una experiencia y un privilegio que compartimos poco menos de doscientas familias en este país. El esclarecimiento del destino de los desaparecidos y la recuperación de sus restos deberían haber sido políticas de Estado sostenidas desde 1983. El juicio, el castigo y el debate político son temas propios de la contingencia –como bien hemos visto en el último acto del 24 de marzo–. El dolor de quienes siguen tratando de saber qué pasó con sus seres queridos es mucho más concreto y merece un oportuno desagravio. ¿Seremos capaces, como sociedad, de dar una respuesta a estas personas y a estas familias? ¿Una respuesta que no dependa de la voluntad del gobierno de turno, ni de la buena fortuna de lograr un hallazgo casi artesanal de restos e informaciones? ¿O seguiremos viviendo, para siempre, una puja por apropiarse del capital político, un reflejo fariseo de utilización del dolor para la agenda propia? ¿Escuchando o leyendo los casi infantiles llamados a la “reconciliación” sin la “responsabilidad”? Es el Estado argentino, como persona de existencia ideal, quien debe dar cuenta del destino de cada persona puesta bajo su poder, y recuperar los restos cuando fuere posible.

Nuestro país y nuestra sociedad están lejos de lograr un acuerdo conceptual sobre la dictadura, sus métodos y sus consecuencias. Si bien casi nadie reivindica abiertamente a la dictadura in toto, tras el repudio formal aparecen las relativizaciones, las idealizaciones y/o las apropiaciones ideológicas. Pero hasta que el último de los desaparecidos haya sido identificado, o se haya establecido su destino, seguiremos, como Nación, en deuda con las víctimas del terrorismo de Estado. En cualquier caso, yo seguiré ejerciendo el extraño privilegio de poder llevar claveles rojos cada 29 de marzo a la tumba de mi madre.

Barack Obama, la CIA y los memorandos de la tortura

“Extranjero, ve y di a los espartanos que aquí yacemos, en cumplimiento de sus leyes.” Tal es el epitafio que Simónides escribió para la guardia personal del Rey Leónidas, y que aún hoy puede leerse en el Desfiladero de las Termópilas. En 480 AC, fue allí donde los espartanos, junto a otras unidades de las ciudades–Estado griegas, resistieron durante dos días el avance del ejército persa de Jerjes: pero al tercer día, al saberse rodeado, Leónidas dirigió una acción de retaguardia con sus espartanos y un contingente de 700 tespios y 400 tebanos. Mientras que los tespios y los tebanos fueron capturados o masacrados, los espartanos lucharon hasta el último hombre.
Poco importa si Leónidas tuvo o no ocasión de retirarse, su gesto quedó en la historia. Bajo lo que algunos autores denominan “laconofilia” –afinidad por Esparta, también llamada Laconia– ha constituido un llamado capitalizado a favor de la virtud cívica democrática, cuando no del militarismo. Sin adentrarse en la discusión sobre la cultura espartana –esclavista, misógina, violenta, militarista y casi sin expresiones artísticas–, el epitafio de aquel poeta que nunca vivió en Esparta destaca el tema del sometimiento a la ley, recurrente en la tradición griega. La muerte de Sócrates, entre otros ejemplos, tiene el mismo argumento: rechaza huir porque se había sometido a la jurisdicción ateniense, y bebe la cicuta.

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Hay ecos de estos argumentos en la cuidada declaración de prensa con la que la administración Obama autorizó la publicación de cuatro memorandos, emitidos por la Oficina de Consejo Legal del Departamento de Justicia entre 2002 y 2005, que detallan una compleja casuística a favor de las llamadas “técnicas de interrogatorio mejoradas” que propuso la administración Bush. Tales técnicas consistían en la privación de sueño, las posturas estresantes, el encierro prolongado, periódicos baños de agua helada, el ahogamiento simulado –o “submarino”–, golpes en la cara o contra las paredes, etc.
Las consultas fueron realizadas por la Agencia Central de Inteligencia –CIA– en relación a prisioneros, presuntos “blancos de alto valor” de la red al Qaeda. Las respuestas intentaron variadas acrobacias para intentar justificar la violación de la prohibición interna e internacional de la tortura, en particular intentando establecer un conjunto de condiciones para evitar daños permanentes físicos o mentales. La argumentación devino, así, casi circular: las técnicas fueron diseñadas –y luego serían implementadas– con el aporte de médicos y sicólogos contratados por la CIA, además de interrogadores profesionales, y bajo tales parámetros fueron aprobadas por la Oficina de Consejo Legal. En un caso, al menos, el uso de insectos contra un prisionero fóbico fue aprobada por los abogados con base en el consejo de los sicólogos.
El comunicado de la administración Obama justifica la publicación de estos memorandos por su compromiso con la transparencia y la responsabilidad de los actos de gobierno, así como por el hecho de que buena parte de la información ya era de dominio público –como ejemplo, ha sido discutida aquí y aquí–; y establece que no habrá persecución penal contra los funcionarios que hayan seguido ese consejo legal de “buena fe”. Claro que tal limitación no implica que las cortes o el Congreso se abstengan de realizar investigaciones, o que no existan reclamos en sede internacional. El actual director de la CIA, Leon Panetta, ha prometido apoyo legal y financiero a cualquiera de sus empleados que sea objeto de persecución, dentro o fuera de EE.UU. La ausencia de persecución penal ha generado un fuerte rechazo entre quienes han litigado por años –como la Unión de Libertades Civiles y otros grupos– para obtener tanto el acceso a la información como el castigo de sus responsables.
La administración Bush protagonizó el ataque más serio y efectivo al sistema de derecho internacional humanitario que se construyó, con mucho esfuerzo, después de la Segunda Guerra Mundial: legitimó la guerra de agresión, el secuestro y traslado de sospechosos bajo el sistema de “rendiciones extraordinarias”, la detención sin juicio y la tortura, por si o por entrega a los servicios secretos de terceros países –como Egipto, Jordania, Arabia Saudita, etc., donde las “técnicas de interrogatorio mejoradas” no serían tan “cuidadosas” –. Poco importa si se exigía que el agua para simular un ahogamiento debiera ser potable y con un adecuado contenido de sodio, o si después de mantener durante más de siete días a un prisionero despierto hubiera que brindarle una noche de sueño antes de iniciar otra vez el proceso, o si los insectos que se introducirían en la celda hubieran de ser inofensivos: se trata de tortura, lisa y llanamente. La defensa de la era Bush se limita a constatar un hecho negativo, la ausencia de otros atentados en territorio estadounidense después del 11 de septiembre, aunque exige un esfuerzo de imaginación atribuirlo únicamente a tales tareas de inteligencia. Y sin olvidar que fue la misma CIA la que brindó el argumento sobre las “armas de destrucción masiva” del régimen iraquí, que nunca fueron encontradas.
La administración Obama, en cambio, ha prohibido la tortura y ha ordenado desmantelar las cárceles secretas de la CIA al igual que los campos de prisioneros de la base de Guantánamo, en Cuba, mediante órdenes ejecutivas suscriptas en el primer día de su mandato. Hasta qué punto es una convicción sincera es materia opinable. La limitación de las persecuciones penales favorece la opinión de quienes ven un simple cambio de estilo, pero no una ruptura con el pasado. También es cierto que, en los años de Bush, se desarrolló una próspera industria de inteligencia privada –vía contratación de empresas externas, o “tercerización”–, al punto que si en 1990 existía en la CIA un alto número de veteranos de la Guerra Fría, en 2005 la mitad del personal –operadores y analistas– tenía menos de cinco años de experiencia. La CIA, hoy, es detestada por el Pentágono y por el Departamento de Estado, y la militarización de las funciones de inteligencia no se ha detenido desde 2004. Entre otros inconvenientes, su Director Ejecutivo Kyle “Dustin” Foggo –“número tres” de la Agencia– fue acusado en 2006, y se declaró culpable en 2008, de aceptar sobornos para favorecer a su viejo amigo, el contratista Brent Wilkes, en contratos de logística: Nunca en su historia, la CIA había tenido que enfrentar un caso de corrupción de tan alto nivel. Con estos antecedentes parecería comprensible que la administración Obama quiera limitar la migración de personal formado al sector privado –donde hay buenas pagas, buenos beneficios y escaso control civil–. Firmas de contratistas militares como Lockheed Martin, Booz Allen Hamilton, o Blackwater ofrecen mejores condiciones, al punto que los contratistas privados ocupaban casi la mitad de los puestos de analistas en Bagdad y en el Centro Nacional de Antiterrorismo en 2006.
Otro punto álgido es qué tan alto podrían llegar las investigaciones sobre la decisión de implementar tortura. Valga recordar que una de las piezas principales de legitimación de la tortura es un memorando del Fiscal General Alberto R. González, del 25 de enero de 2002 que relativizaba la aplicación de las Convenciones de Ginebra a los prisioneros del régimen talibán. Los argumentos fueron la falta de reconocimiento internacional del régimen talibán –sólo reconocido por Pakistán y Arabia Saudita– y el hecho de que no tenía control total de su territorio; la conclusión, que sus miembros no representan a gobierno alguno –por lo que quedarían fuera de la “inmunidad del combatiente” por los hechos cometidos durante el conflicto–. El memorando, de cuatro páginas, propone luego una serie de ventajas y desventajas de tal razonamiento, para concluir en que la ganancia neta, para la administración, habría de ser superior.
Entre tantos argumentos capciosos y forzados, hay uno recurrente: la “guerra contra el terror” es una “nueva clase de guerra”, por lo que las regulaciones de las Convenciones de Ginebra no habrían resultado apropiadas. Pero si cada conflicto armado es, por definición, único e irrepetible como cada evento histórico, ¿qué sentido tiene entonces hablar de regulaciones legales? Estas establecen criterios generales que son interpretados por la autoridad de aplicación en una situación particular. El argumento de “la nueva clase de guerra” es tan sólo otra falacia –y una no muy elegante– para justificar el voluntario apartamiento de una práctica jurídica reconocida y legislada por la comunidad internacional, y por ende vinculante.
Por último, la participación de profesionales del área de la salud –médicos y sicólogos– también genera su propia dinámica: las asociaciones profesionales se han pronunciado con el esperable toque de indignación ante el conocimiento de estos hechos, pero aún no se ha materializado ninguna respuesta en términos de procesos administrativos o sanciones disciplinarias a quienes han intervenido. Tanto estos profesionales, como los restantes implicados, deberán poder acreditar que existe tal cosa como una “obediencia de buena fe” a un consejo legal que autoriza la tortura.
El uso de la tortura como técnica operativa sistemática choca tanto las convicciones más nobles a las que ha llegado la especie humana como el sentido de experiencia histórica de los pueblos, y nuestra más íntima convicción de que constituyen violaciones a nuestra propia humanidad. De allí que el terrorismo de Estado requiera de una cobertura ideológica, que antepone nociones abstractas –la Patria, la Libertad, la Revolución, o lo que fuere– frente a la noción de obligación al cumplimiento de las leyes a la que refería Simónides.
¿Logrará la administración Obama mantener su promesa de no torturar, y recuperar así algún prestigio para EE.UU.? La prohibición de la tortura y la cancelación del programa de prisiones secretas son pasos correctos en esa dirección. La promesa de no enjuiciar a, al menos, algunas de las personas que han intervenido puede ser vista como una concesión impuesta tanto por lealtades programáticas con la administración anterior como por el peligro de debilitar a sus agencias de inteligencia. Aún cuando la CIA esté desarticulada y en franco declive, no es sino una entre trece agencias de inteligencia en EE.UU. Los errores estratégicos de la administración Bush llevarán mucho más que la publicación de algunos memorandos para ser corregidos. Pero Barack Obama se ha colocado, al menos de momento, en un estadio superior del cumplimiento de la ley.

Raúl J. Maldonado.

Notas al pie: El filósofo eslovaco Slavoy Zizek, a propósito de la película “300” de Zack Snyder, ha realizado una interesante lectura de nuestra visión de los espartanos en su artículo La verdadera izquierda de Hollywood, donde propone una defensa de la disciplina y el espíritu de sacrificio, cualidades en las que no ve “nada esencialmente fascista”. Entre las prohibiciones de la aplicación de tortura, y respecto de la entrega de sospechosos a terceros países, valga destacar que EE.UU. ha ratificado la Convención contra la tortura de la ONU en 1994, que en su art. 3.1 establece que “Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometido a tortura” Aunque las tres reservas interpretativas que realizara EE.UU. al ratificar la Convención remiten, en última instancia, a su ordenamiento interno para determinar qué es “tortura” y cuándo existen “razones fundadas” para temer su aplicación, existe evidencia de que la entrega de prisioneros a terceros países fue propuesta por George Tenet y su jefe de Contraterrorismo, Cofer Black, en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad del 15 de septiembre de 2001: había tanto el conocimiento previo como la intención de que la persona fuera sometida a tortura. Sobre la formación del complejo de empresas privadas de inteligencia, puede verse el excelente “Legado de cenizas – Una historia de la CIA” (Time WEINER, Montevideo, Debate, 2008) en particular págs. 539 y ss. Un análisis detallado del memorando de González puede verse "La impunidad imperial" de MONTOYA, Roberto (Madrid, La esfera de los libros, 2005, pág. 95 y ss.)