¿Qué haría el lector? El ataque a Hiroshima, en 1945, mató en forma instatánea a 80 mil personas con 12,5 kilotones. Un kilotón en Nueva York, hoy, mataría en forma instantánea al menos a 200 mil.[1]
Este escenario, conocido como “la bomba de relojería”, está presente, con variaciones, en los debates jurídicos sobre el uso de la tortura.[2] Y es la base de la exitosa serie “24” que en pocos días iniciará su sexta temporada en la pantalla local. Cada temporada está compuesta de 24 capítulos que cuentan, en tiempo real, un día en la vida del agente contraterrorista Jack Bauer –Kieffer Shuterland– y su lucha por derrotar a varias organizaciones que cometen o intentan atentados, asesinatos y/o secuestros, y siempre lo superan en planificación, logística y recursos.
La construcción del verosímil televisivo circunvala la discusión ética para Jack Bauer: el espectador, casi omnisciente, conoce la gravedad e inminencia de la amenaza, y la identificación con el protagonista es fuerte, y reforzada por el uso del folletín, cada capítulo resuelve la crisis del anterior, pero termina con el planteo de una aún peor.
Jane Mayer, de “The New Yorker”, ha publicado un excelente informe sobre el ideario político del productor de “24”, Joel Surnow. Extenso y exhaustivo, hace surgir la conciencia política del show, que abreva en la corriente más belicosa del neoconservadurismo estadounidense.[3] Surnow no oculta su opinión sobre “hacer lo que sea necesario” para derrotar al terrorismo, y comparte cenas con la familia del vicepresidente Dick Chenney –el mismo que ha manifestado que, a su juicio, la tortura por sofocación, o “submarino”, no le quita el sueño–. Ni se ha retractado, ni tampoco ha confesado si su juicio proviene de la experiencia, sea política o propia de su vida íntima.[4]
Pero la paradoja del escenario de la bomba de relojería sigue allí, hambrienta de nuestras respuestas: el cumplimiento de la ley perjudicaría la vida de miles, y sólo su ruptura aparecería como la forma de salvarlos. Por supuesto, hay varias respuesta posibles.
Una posible: es tan improbable la situación que, en definitiva, la respuesta es instrascendente. Elude, pero no responde. Otra elusión posible: la tortura no es un medio fiable de conseguir información, y tampoco sería práctica en el caso, ya que el terrorista sabe que cada minuto que gane aumenta su posibilidad de tener éxito en el ataque, y que cuenta, además, con las defensas pasivas y activas que puede haber colocado en el propio dispositivo que, si fuera encontrado, aún debería ser desplazado o desactivado.[5]
Una tercera respuesta posible, más sofisticada y de corte utilitarista: puesto que tal hipotético terrorista sería la única persona con capacidad de detener el despliegue del arma, se trata de una situación de combate. Y en el combate, el uso de la fuerza es legítimo, e incluso exigible en ocasiones. El terrorista es parte del despliegue del arma, en algún sentido, y por ende un blanco legítimo si se respetan las reglas de proporcionalidad y discriminación, etc.[6]
En el World Report 2005 de la organización Human Wright Watch, su director, Kenneth Roth, atacaba de lleno el punto: “…el escenario de la bomba de relojería es una metáfora peligrosamente expansiva capaz de abarcar a toda persona que pueda tener conocmiento de futuros atentados terroristas sin especificar. A fin de cuentas, ¿por qué serían sólo las potenciales víctimas de un inminente atentado las merecedoras de la protección por medio de la tortura? ¿Por qué no utilizar la tortura para prevenir atentados que pueden ocurrir mañana, o la semana que viene o el año que viene? Además, una vez que se ha roto el tabú contra el uso de la tortura, ¿por qué limitarse a los propios presuntos terroristas? ¿Por qué no hacer uso de la tortura contras sus familiares y aliados; y cualquiera que pudiera ofrecer información que salve vidas? Este es sin duda un terreno muy resbaladizo”.
¿Qué queda para países que no tienen el grado de desarrollo institucional de EE.UU. e Israel, ni la misma participación de su sociedad civil en la vida política?
¿Y por qué debería importarnos este debate, después de todo? Porque tenemos nuestro propio “24” cada año, el 24 de marzo. Nuestra propia historia de uso de la tortura, amparada y promovida desde el Estado antes y durante la últlima dictudura militar.
Pero, ¿fue aquella tortura igual al aséptico escenario de un show televisivo? Cuando termina su jornada de trabajo, Kieffer Shuterland retoma su vida civil, y su tibia militancia demócrata. Tal vez, previa llamada a su contador –percibió 10 millones de dólares por esta temporada de “24”– incluso se tome unas copas con los actores a los que su personaje ha “torturado” horas antes.
Para miles de argentinos –y es penoso recordar que no somos una excepción, como país, sino uno más en una larga nómina– la tortura es, en cambio, un recuerdo que los acompañará por el resto de sus vidas. Y no se trataba de un excepcional “último recurso” para evitar un mal mayor, sino de una aplicación casi impersonal, burocrática, sistemática, cuyo móvil no era la obtención de información. La tortura del disidente político busca –como los ataques contra los que lucha Jack Bauer en la pantalla– imponer el terror. Y ese fue su objetivo en nuestro país durante la represión de la Triple A y la dictadura militar.
Cada “24 de marzo” inicia una nueva “temporada” de doce meses de reclamar justicia, reclamar información y reclamar castigo a los culpables. Pero además reabre las heridas de quienes sufren la incertidumbre del destino de sus seres queridos. Suerte de tortura diferida que hoy vive, también, por segunda vez, por idénticas causa y criminales, la familia de Jorge Julio López.
“24” es, en última instancia, sólo un show televisivo, parte de la corriente global de ideas e información que recorre el mundo. Se origina en EE.UU., “sube” a esa red, y “baja” en los hogares argentinos –y de otros países, por supuesto–. ¿Qué importancia puede tener? Aquí, entre 2,5 y 3 millones de hogares sintonizan, cada noche, las andanzas de unos extraños personajes que buscan fama y fortuna encerrados en una casa de mil cámaras.
¿Qué importa qué haría el lector en las inverosímiles circunstancias de Jack Bauer? En la realidad, afuera de las pantallas, empieza nuestra propia temporada cada 24 de marzo, reclamando nuestro esfuerzo y nuestras decisiones contra tanto terrorista suelto y tanto crimen impune.
Raúl J. Maldonado.
[1] Esta estimación puede encontrarse en Jessica STERN, El terrorismo definitivo¸ Bs. As., Granica, 2001, pág. 26 y sus notas.
[2] Como ejemplo, la propuesta de “garantías judiciales” para la tortura, que realizara el abogado estadounidense Alan Dershowitz, puede verse analizada y refutada en Is torture ever justified? en The Economist, 9–1–03; o en Kenneth ROTH, Darfur y Abu Grahib, en Papeles de cuestiones internacionales, N° 89, primavera de 2005, pág. 125. Como ejemplo histórico, en 1987 la Comisión Landau, en Israel, autorizó para estos “escenarios” la práctica de “presión física moderada”, hasta que la Corte Suprema israelí restringió la práctica en 1999. Las organizaciones de derechos humanos denunciaban que, en poco tiempo, más de un 80% de los palestinos detenidos por cuestiones de seguridad denunciaban haber sido torturados.
[3] Puede verse en http://www.newyorker.com/reporting/2007/02/19/070219fa_fact_mayer. Para algunas reacciones en nuestro medio, la opinión de Oscar Raúl Cardozo en http://weblogs.clarin.com/afuerayadentro/archives/2007/03/que-paso-con-los-derechos-humanos.html, y la discusión allí generada.
[4] La entrevista completa, del 24 de octubre de 2006, con la sorprende declaración de que EE.UU. no utiliza la tortura, puede verse en http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/10/20061024-7.html. Cheney parece haber olvidado no sólo las leyes internacionales, sino las imágenes de Abu Grahib y Guantánamo, que recorrieron el mundo con su carga de vergüenza y horror.
[5] Al respecto, entre otros, False hopes, drugs cannot make you tell the truth, en The Economist, 9–1–03, cuando se empezaban a denunciar casos de tortura por fuerzas estadounidenses en Afganistán, y varios voceros neoconservadores clamaban por la aplicación de míticos “sueros de la verdad”.
[6] Sobre esta concepción utilitarista, y su desarrollo en la doctrina estadounidense, puede verse Michael WALTZER, “Guerras justas e injustas”, Barcelona, Paidós, 2001, en particular los capítulos tercero y cuarto. También la investigación que ha presentado Colin KAHL, How we fight en Foreign Affairs, Nov./Dec. 2006. En ambos, se refiere como obligación activa la inmunidad del no combatiente, incluyendo por supuesto al prisionero.