En las últimas semanas –y todo indica que en las próximas también– los medios masivos de difusión han presentado una y otra vez la idea de que existe una tendencia fuerte y mayoritaria a la reimplantación de la pena de muerte en Argentina.
Algunos datos puros y duros para encauzar el argumento: como recuerda el último informe de Amnesty International sobre la pena de muerte ha habido un menor número de ejecuciones en 2008, al menos 2.390 han sido ejecutadas, el 72% –1.718 personas– en China. Relacionando los datos con la población, destacan Irán y Arabia Saudita, por encima de cuatro ejecuciones por cada millón de habitantes, mientras que China, Libia e Irak alcanzan apenas a superar una ejecución por millón. EE.UU., el único país de América que aplica la pena de muerte de manera sostenida, se encuentra en el décimo lugar en esta relación, con el Estado de Texas, como siempre, liderando en cantidad de ejecuciones.
Argentina, con la reforma del Código de Justicia Militar en agosto de 2008, derogó el último supuesto en que era posible su aplicación. También ratificó, en septiembre de 2008, instrumentos en Naciones Unidas y en la Organización de Estados Americanos que refuerzan el compromiso abolicionista.
El debate recrudece, por momentos, en los medios de Argentina, pese a que el abolicionismo es la regla en el derecho internacional. Llevados al extremo, y si hubiera que elegir protagonistas, podría decirse que se trata del debate entre la Diva y la Jurista.
La Diva es una actual conductora de televisión, Susana Giménez. Con más de cuatro décadas vinculada al ambiente artístico, como modelo, vedette y actriz, algunas notas puntuales alcanzan a esbozar su historia: fue pareja del campeón mundial de boxeo Carlos Monzón, durante la década del 70; es la conductora mejor paga y más popular de la televisión argentina; y su estilo campechano y candoroso la ha llevado a momentos increíbles, como cuando preguntó a un paleontólogo si los dinosaurios que el experto buscaba estaban “vivos”. Dejemos aparte su paso por la justicia en cierto asunto de importación de vehículos de lujo evadiendo las barreras arancelarias al declarar que serían utilizados por discapacitados motrices, tal asunto no viene al caso.
La Jurista es Carmen Argibay, graduada en 1966. Se dedicó al derecho penal desde 1959. Fue detenida, y puesta “a disposición del Poder Ejecutivo Nacional” –figura excepcional de privación de la libertad por motivos políticos o ideológicos– entre marzo y diciembre de 1976. Desarrolló el ejercicio privado de la abogacía hasta 1984, cuando reingresó a la carrera judicial, y se jubiló como Jueza de los Tribunales Orales en lo Criminal en 2002. Atea y activa militante feminista, en 2000 fue miembro del “Tribunal Internacional de Mujeres sobre Crímenes de Guerra para el Enjuiciamiento de la Esclavitud Sexual”, donde se juzgó la responsabilidad japonesa por la esclavitud sexual en los territorios ocupados por las fuerzas armadas niponas en las décadas del 30 y del 40. En 2001 fue nombrada por Asamblea General de las Naciones Unidas como jueza ad litem en el Tribunal Criminal Internacional sobre crímenes de guerra en la ex–Yugoeslavia. Si bien fue nombrada para la Corte Suprema en 2003, recién asumió al terminar su tarea en la ONU, en 2005. La pena de muerte no se aplica en dos terceras partes de los países, y el 93% de las ejecuciones de 2008 se concentraron en Arabia Saudita, China, EE.UU., Irán y Paquistán.
Pero volvamos a la cuestión del debate: ante el asesinato de uno de sus colaboradores, en un robo, la Diva inició el debate con la frase “el que mata, tiene que morir”, dicha quizá desde la impotencia y el dolor del momento. Esas seis palabras la colocaron en medio de la tormenta. Los medios locales reprodujeron y amplificaron esa idea, más los aportes de otros personajes de la farándula local –entre los que fue doloroso encontrar a Luis Alberto Spinetta– Con comprensible fastidio, la Jurista respondió que tanto el texto constitucional como los tratados internacionales impiden que se instaure la pena de muerte.
Aquí habría debido quedar todo, bajo una saludable aplicación del principio “zapatero, a tus zapatos”. Pero Argentina es, siempre, una caja de sorpresas. Pasan las semanas, y los medios masivos de comunicación –y destáquese el “masivos”– siguen preguntando, a diestra y siniestra, sobre la pena de muerte. Aunque mucho se ha dicho y escrito sobre el asunto, la opinión de Roberto Gargarella resalta como la síntesis más completa y sencilla entre quienes rechazan la pena máxima.
Mucho más difícil es encontrar una sistematización similar entre quienes defienden la muerte: en sus filas conviven nostálgicos partícipes de las últimas dictaduras, personajes de la farándula, políticos y periodistas con su propia agenda –entre los primeros destaca cierto Senador nacional, ex presidente y actual habitué de los tribunales, argumentando que “Las fuerzas armadas deben salir a la calle y saturar las zonas conflictivas…”– y simples ciudadanos preocupados ante lo que perciben –a falta de estadísticas prolongadas y confiables, es difícil formarse una opinión basada en hechos– como un estado de anomia en el aparato de seguridad. Las contradicciones e incoherencias de ese agregado de personajes resultan terreno fértil para la crítica, que en líneas generales se ha enrolado bajo el eslogan de que “no hay nada más parecido a un fascista que un burgués asustado”. Hay alguna razón en ese argumento: al igual que en el original fascismo italiano, en muchos defensores de la pena de muerte subsiste la idea de un pasado idealizado, en el que los servicios de justicia y seguridad actuaban “con probidad y eficiencia”. Poco conmueve a estos personajes la fundada argumentación que muestra que la pena de muerte es y ha sido un castigo ilegal, inmoral, injusto e inútil; y mucho menos que se les recuerde la última época, lejana ya en un cuarto de siglo, en que el Estado argentino mataba.
Párrafo aparte merece el argumento de que hay tantas personas, famosas o no, que piensan de igual manera. La constante presencia de hechos de violencia en los medios no es un dato a soslayar: los medios informan, pero también forman. Mantener vivo este debate puede deberse a razones de política editorial coyuntural o a la simple codicia de alimentar la morbosidad y las ventas, pero es exigible un estándar mínimo de seriedad que, en este asunto, varios parecen haber violado. Pero aún descontando tales influencias, no está de más reflexionar sobre el límite de los requerimientos mayoritarios frente a los derechos individuales: ¿si una amplísima mayoría se decantara a favor de la pena de muerte, correspondería hacer lugar a su requerimiento, o los derechos individuales tendrían prelación en este punto? Tema mucho más espinoso y complejo que la simple apelación a la pena de muerte, por cierto, y que excede el ámbito de este artículo.
Los problemas vinculados al delito son, por definición, de alta complejidad, donde confluyen indicadores de integración y movilidad social, calidad institucional, educación, comercio y abuso de drogas, corrupción, y un largo etc. La elección individual de delinquir no se realiza, en definitiva, en un marco de plena y absoluta libertad, sino dentro de los condicionantes de situaciones sociales de tiempo, modo y lugar. Y en estos asuntos, como cualquier penalista podría ahondar durante horas, no hay respuestas sencillas. Ni la “saturación” castrense –por cierto, ni Argentina es Irak, ni sus fuerzas armadas pueden actuar como un ejército de ocupación– ni la aplicación de mayores penas constituyen alternativas viables para estos problemas. Pero frente al imaginario popular argentino, en cambio, se proponen como soluciones sencillas a un problema complejo. Tan sencillas que estaba al alcance de la Diva –y del Senador–, sin que la hubiera visto la Jurista. De tales absurdos también está construida la historia de los pueblos.
La sociedad argentina puede ser objeto de muchas críticas, pero jamás le cabrá la de ser aburrida y previsible.
Raúl J. Maldonado.
