Barack Obama, la CIA y los memorandos de la tortura

“Extranjero, ve y di a los espartanos que aquí yacemos, en cumplimiento de sus leyes.” Tal es el epitafio que Simónides escribió para la guardia personal del Rey Leónidas, y que aún hoy puede leerse en el Desfiladero de las Termópilas. En 480 AC, fue allí donde los espartanos, junto a otras unidades de las ciudades–Estado griegas, resistieron durante dos días el avance del ejército persa de Jerjes: pero al tercer día, al saberse rodeado, Leónidas dirigió una acción de retaguardia con sus espartanos y un contingente de 700 tespios y 400 tebanos. Mientras que los tespios y los tebanos fueron capturados o masacrados, los espartanos lucharon hasta el último hombre.
Poco importa si Leónidas tuvo o no ocasión de retirarse, su gesto quedó en la historia. Bajo lo que algunos autores denominan “laconofilia” –afinidad por Esparta, también llamada Laconia– ha constituido un llamado capitalizado a favor de la virtud cívica democrática, cuando no del militarismo. Sin adentrarse en la discusión sobre la cultura espartana –esclavista, misógina, violenta, militarista y casi sin expresiones artísticas–, el epitafio de aquel poeta que nunca vivió en Esparta destaca el tema del sometimiento a la ley, recurrente en la tradición griega. La muerte de Sócrates, entre otros ejemplos, tiene el mismo argumento: rechaza huir porque se había sometido a la jurisdicción ateniense, y bebe la cicuta.

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Hay ecos de estos argumentos en la cuidada declaración de prensa con la que la administración Obama autorizó la publicación de cuatro memorandos, emitidos por la Oficina de Consejo Legal del Departamento de Justicia entre 2002 y 2005, que detallan una compleja casuística a favor de las llamadas “técnicas de interrogatorio mejoradas” que propuso la administración Bush. Tales técnicas consistían en la privación de sueño, las posturas estresantes, el encierro prolongado, periódicos baños de agua helada, el ahogamiento simulado –o “submarino”–, golpes en la cara o contra las paredes, etc.
Las consultas fueron realizadas por la Agencia Central de Inteligencia –CIA– en relación a prisioneros, presuntos “blancos de alto valor” de la red al Qaeda. Las respuestas intentaron variadas acrobacias para intentar justificar la violación de la prohibición interna e internacional de la tortura, en particular intentando establecer un conjunto de condiciones para evitar daños permanentes físicos o mentales. La argumentación devino, así, casi circular: las técnicas fueron diseñadas –y luego serían implementadas– con el aporte de médicos y sicólogos contratados por la CIA, además de interrogadores profesionales, y bajo tales parámetros fueron aprobadas por la Oficina de Consejo Legal. En un caso, al menos, el uso de insectos contra un prisionero fóbico fue aprobada por los abogados con base en el consejo de los sicólogos.
El comunicado de la administración Obama justifica la publicación de estos memorandos por su compromiso con la transparencia y la responsabilidad de los actos de gobierno, así como por el hecho de que buena parte de la información ya era de dominio público –como ejemplo, ha sido discutida aquí y aquí–; y establece que no habrá persecución penal contra los funcionarios que hayan seguido ese consejo legal de “buena fe”. Claro que tal limitación no implica que las cortes o el Congreso se abstengan de realizar investigaciones, o que no existan reclamos en sede internacional. El actual director de la CIA, Leon Panetta, ha prometido apoyo legal y financiero a cualquiera de sus empleados que sea objeto de persecución, dentro o fuera de EE.UU. La ausencia de persecución penal ha generado un fuerte rechazo entre quienes han litigado por años –como la Unión de Libertades Civiles y otros grupos– para obtener tanto el acceso a la información como el castigo de sus responsables.
La administración Bush protagonizó el ataque más serio y efectivo al sistema de derecho internacional humanitario que se construyó, con mucho esfuerzo, después de la Segunda Guerra Mundial: legitimó la guerra de agresión, el secuestro y traslado de sospechosos bajo el sistema de “rendiciones extraordinarias”, la detención sin juicio y la tortura, por si o por entrega a los servicios secretos de terceros países –como Egipto, Jordania, Arabia Saudita, etc., donde las “técnicas de interrogatorio mejoradas” no serían tan “cuidadosas” –. Poco importa si se exigía que el agua para simular un ahogamiento debiera ser potable y con un adecuado contenido de sodio, o si después de mantener durante más de siete días a un prisionero despierto hubiera que brindarle una noche de sueño antes de iniciar otra vez el proceso, o si los insectos que se introducirían en la celda hubieran de ser inofensivos: se trata de tortura, lisa y llanamente. La defensa de la era Bush se limita a constatar un hecho negativo, la ausencia de otros atentados en territorio estadounidense después del 11 de septiembre, aunque exige un esfuerzo de imaginación atribuirlo únicamente a tales tareas de inteligencia. Y sin olvidar que fue la misma CIA la que brindó el argumento sobre las “armas de destrucción masiva” del régimen iraquí, que nunca fueron encontradas.
La administración Obama, en cambio, ha prohibido la tortura y ha ordenado desmantelar las cárceles secretas de la CIA al igual que los campos de prisioneros de la base de Guantánamo, en Cuba, mediante órdenes ejecutivas suscriptas en el primer día de su mandato. Hasta qué punto es una convicción sincera es materia opinable. La limitación de las persecuciones penales favorece la opinión de quienes ven un simple cambio de estilo, pero no una ruptura con el pasado. También es cierto que, en los años de Bush, se desarrolló una próspera industria de inteligencia privada –vía contratación de empresas externas, o “tercerización”–, al punto que si en 1990 existía en la CIA un alto número de veteranos de la Guerra Fría, en 2005 la mitad del personal –operadores y analistas– tenía menos de cinco años de experiencia. La CIA, hoy, es detestada por el Pentágono y por el Departamento de Estado, y la militarización de las funciones de inteligencia no se ha detenido desde 2004. Entre otros inconvenientes, su Director Ejecutivo Kyle “Dustin” Foggo –“número tres” de la Agencia– fue acusado en 2006, y se declaró culpable en 2008, de aceptar sobornos para favorecer a su viejo amigo, el contratista Brent Wilkes, en contratos de logística: Nunca en su historia, la CIA había tenido que enfrentar un caso de corrupción de tan alto nivel. Con estos antecedentes parecería comprensible que la administración Obama quiera limitar la migración de personal formado al sector privado –donde hay buenas pagas, buenos beneficios y escaso control civil–. Firmas de contratistas militares como Lockheed Martin, Booz Allen Hamilton, o Blackwater ofrecen mejores condiciones, al punto que los contratistas privados ocupaban casi la mitad de los puestos de analistas en Bagdad y en el Centro Nacional de Antiterrorismo en 2006.
Otro punto álgido es qué tan alto podrían llegar las investigaciones sobre la decisión de implementar tortura. Valga recordar que una de las piezas principales de legitimación de la tortura es un memorando del Fiscal General Alberto R. González, del 25 de enero de 2002 que relativizaba la aplicación de las Convenciones de Ginebra a los prisioneros del régimen talibán. Los argumentos fueron la falta de reconocimiento internacional del régimen talibán –sólo reconocido por Pakistán y Arabia Saudita– y el hecho de que no tenía control total de su territorio; la conclusión, que sus miembros no representan a gobierno alguno –por lo que quedarían fuera de la “inmunidad del combatiente” por los hechos cometidos durante el conflicto–. El memorando, de cuatro páginas, propone luego una serie de ventajas y desventajas de tal razonamiento, para concluir en que la ganancia neta, para la administración, habría de ser superior.
Entre tantos argumentos capciosos y forzados, hay uno recurrente: la “guerra contra el terror” es una “nueva clase de guerra”, por lo que las regulaciones de las Convenciones de Ginebra no habrían resultado apropiadas. Pero si cada conflicto armado es, por definición, único e irrepetible como cada evento histórico, ¿qué sentido tiene entonces hablar de regulaciones legales? Estas establecen criterios generales que son interpretados por la autoridad de aplicación en una situación particular. El argumento de “la nueva clase de guerra” es tan sólo otra falacia –y una no muy elegante– para justificar el voluntario apartamiento de una práctica jurídica reconocida y legislada por la comunidad internacional, y por ende vinculante.
Por último, la participación de profesionales del área de la salud –médicos y sicólogos– también genera su propia dinámica: las asociaciones profesionales se han pronunciado con el esperable toque de indignación ante el conocimiento de estos hechos, pero aún no se ha materializado ninguna respuesta en términos de procesos administrativos o sanciones disciplinarias a quienes han intervenido. Tanto estos profesionales, como los restantes implicados, deberán poder acreditar que existe tal cosa como una “obediencia de buena fe” a un consejo legal que autoriza la tortura.
El uso de la tortura como técnica operativa sistemática choca tanto las convicciones más nobles a las que ha llegado la especie humana como el sentido de experiencia histórica de los pueblos, y nuestra más íntima convicción de que constituyen violaciones a nuestra propia humanidad. De allí que el terrorismo de Estado requiera de una cobertura ideológica, que antepone nociones abstractas –la Patria, la Libertad, la Revolución, o lo que fuere– frente a la noción de obligación al cumplimiento de las leyes a la que refería Simónides.
¿Logrará la administración Obama mantener su promesa de no torturar, y recuperar así algún prestigio para EE.UU.? La prohibición de la tortura y la cancelación del programa de prisiones secretas son pasos correctos en esa dirección. La promesa de no enjuiciar a, al menos, algunas de las personas que han intervenido puede ser vista como una concesión impuesta tanto por lealtades programáticas con la administración anterior como por el peligro de debilitar a sus agencias de inteligencia. Aún cuando la CIA esté desarticulada y en franco declive, no es sino una entre trece agencias de inteligencia en EE.UU. Los errores estratégicos de la administración Bush llevarán mucho más que la publicación de algunos memorandos para ser corregidos. Pero Barack Obama se ha colocado, al menos de momento, en un estadio superior del cumplimiento de la ley.

Raúl J. Maldonado.

Notas al pie: El filósofo eslovaco Slavoy Zizek, a propósito de la película “300” de Zack Snyder, ha realizado una interesante lectura de nuestra visión de los espartanos en su artículo La verdadera izquierda de Hollywood, donde propone una defensa de la disciplina y el espíritu de sacrificio, cualidades en las que no ve “nada esencialmente fascista”. Entre las prohibiciones de la aplicación de tortura, y respecto de la entrega de sospechosos a terceros países, valga destacar que EE.UU. ha ratificado la Convención contra la tortura de la ONU en 1994, que en su art. 3.1 establece que “Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometido a tortura” Aunque las tres reservas interpretativas que realizara EE.UU. al ratificar la Convención remiten, en última instancia, a su ordenamiento interno para determinar qué es “tortura” y cuándo existen “razones fundadas” para temer su aplicación, existe evidencia de que la entrega de prisioneros a terceros países fue propuesta por George Tenet y su jefe de Contraterrorismo, Cofer Black, en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad del 15 de septiembre de 2001: había tanto el conocimiento previo como la intención de que la persona fuera sometida a tortura. Sobre la formación del complejo de empresas privadas de inteligencia, puede verse el excelente “Legado de cenizas – Una historia de la CIA” (Time WEINER, Montevideo, Debate, 2008) en particular págs. 539 y ss. Un análisis detallado del memorando de González puede verse "La impunidad imperial" de MONTOYA, Roberto (Madrid, La esfera de los libros, 2005, pág. 95 y ss.)

Raúl Alfonsín: su hora más gloriosa

El hombre que presidió la restauración de la democracia en Argentina falleció el 31 de marzo de 2009. Recibió honores de Estado, 70.000 personas presentaron sus respetos en una capilla ardiente en el Congreso de la Nación, y otras 100.000 acompañaron su cortejo fúnebre hasta el céntrico Cementerio de la Recoleta. A los tres días de duelo nacional se sumaron Brasil, Uruguay, Chile y Perú, y varios ex presidentes latinoamericanos se hicieron presentes en la ceremonia, junto con las condolencias de dignatarios y potencias extranjeros.
Sea que lo veamos como credibilidad, como confianza, o como la capacidad de un líder de representar y guiar a las masas, el prestigio es un componente ineludible del poder político. No por ello tiene que resultar agradable la puja por la apropiación del prestigio de Raúl Alfonsín, en la que participaron, cuan tirios y troyanos, tanto los líderes actuales de la Unión Cívica Radical como miembros del gobierno, del resto de la oposición, y antiguos oponentes y defensores del periodismo local. Se ha dicho, y mucho, que cada uno elije qué Alfonsín quiere recordar.

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Pero aún subsiste la sensación de que, al menos, existe el germen de algo diferente en esa movilización espontánea entre el 1 y 2 de abril de 2009. Puede –y de hecho, así ha sido– pensarse que existía un marcado sesgo de clase en la movilización: a más de la militancia de la Unión Cívica Radical, en el cortejo había un cierto perfil de personas: quienes promediaban entre cuatro y cinco décadas, con un buen ver indicativo de un buen pasar y, en muchos casos, que habían recuperado de entre sus propios cajones de recuerdos apolilladas boinas blancas –distintivo tradicional de la UCR– y desvaídos elementos del mercadeo partidario de aquella campaña de 1983, cuando Raúl Alfonsín terminaba sus discursos recitando, con incontenible pasión, el Preámbulo de la Constitución Nacional. También se ha criticado la rápida reacción de los medios masivos, que al advertir la reacción popular –la noche misma en que murió, más de un millar de personas se agolparon a las puertas de su domicilio– empezaron a hablar del “padre de la democracia”, e inclusive un dirigente radical habló, luego, de “padre fundador”, una metáfora común en la política estadounidense para referirse a la pretensa voluntad de sus propios constituyentes –allá por el tercer cuarto del siglo XVIII– a la hora de resolver conflictos de intereses actuales. Otras valoraciones, por último, son netamente críticas: representan aquellas apetencias de profundizar determinados pasos –en particular, en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura militar– que, por falta de oportunidad o de convicción –es materia opinable– la administración Alfonsín no fue capaz de realizar.
De aquellos multitudinarios actos de inicios de la democracia, el paso de Alfonsín por el gobierno bien puede ser visto como una sucesión de derrotas: se inició el histórico juicio a las Juntas Militares, pero luego se sufrieron retrocesos bajo las figuras de las instrucciones a los fiscales, y las infames leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Se declamó contra la política económica neoliberal, pero se reconoció la deuda externa –y por cierto que existían argumentos para rechazarla– y se sembraron las semillas de la privatización de entidades públicas. Luego de la conmoción inicial ante el triunfo del radicalismo, los sindicatos y los cabilderos empresariales forzaron, una vez tras otra, la mano del gobierno. Estos son hechos conocidos y aún discutidos.
En materia de política exterior, la participación argentina en los Grupos Contadora –en defensa de la paz en América Central, cuando EE.UU. reaccionaba contra la incipiente democracia nicaragüense minando puertos y financiando, aún contra sus propias leyes, a la “contra” nicaragüense– y Cartagena –que intentó una tibia defensa de los países deudores de préstamos internacionales–; la finalización de las carreras armamentistas, los diferendos territoriales y las hipótesis de conflicto con Chile y Brasil; y el lanzamiento del proyecto de integración que hoy conocemos como Mercosur fueron cotas de grandeza que luego caerían al nivel de las “relaciones carnales” con EE.UU. –la frase de época define, por si misma, la renuncia a toda apetencia de independencia– en la administración Menem. Y un amplio etcétera que incluye los levantamientos militares del hoy político líder de los “carapintada”, Aldo Rico; el ataque al cuartel de La Tablada por el Movimiento Todos por la Patria, reprimido con un poder de fuego desmesurado; los planes económicos que fracasaban al ritmo de la caída de poder adquisitivo de los salarios; los saqueos de comercios en los centros urbanos; la entrega anticipada del poder a Carlos Menem; el Pacto de Olivos en 1994… Una vida política llena de aciertos, errores y maniobras variadas, difícil de calificar en pocas líneas sin caer en la tentación del panegírico, la elegía o la crítica feroz.
Pero la pregunta subsiste: ¿qué llevó a tantas personas a lamentar la muerte de Raúl Alfonsín? Se ha dicho, también, que implicó la muerte de la juventud de aquellos que, hoy, rondamos por los cuarenta. Y, tal vez, este sea un argumento emocional con algo más que una pizca de razonabilidad: durante estos días este cronista ha escuchado, en muchos coetáneos, una suerte de necesidad de definir su propio paso por la vida en algo más que el esquivo éxito material, una añoranza por aquél momento en que parecía que todo era posible, esa frescura en el ambiente que se debía tanto a nuestra propia juventud como a la libertad que respirábamos. Que en ello exista el germen de una nueva era en la política argentina quizá sea, tan sólo, un irracional deseo producto de la exposición a tanto balance mediático.
Alfonsín ha sido tratado, también, de “estadista”, una definición que evoca un gran saber y experiencia en los asuntos de Estado. Es cierto que su oratoria y su convicción fueron potentes elementos, sobre todo en la comparación con los políticos actuales, más preocupados por transmitir su posición en las encuestas que por determinar las grandes líneas estratégicas de sus plataformas. Y algún elemento de estadista hubo en Alfonsín, cuando propuso mudar la capital de la República a la austral ciudad de Viedma, pretendiendo terminar así con el fenómeno del centralismo porteño que, para bien y para mal, signó el desarrollo económico y social del país; y que años después instó la incorporación de la Unión Cívica Radical a la Internacional Socialista.
En el balance, sin embargo, quiero rescatar otra vez aquella maravillosa sensación del período conocido como “primavera democrática”, entre 1983 y 1987. Allí estuvo el mejor Raúl Alfonsín, el líder que supo interpretar el reclamo de paz y de justicia de una porción mayoritaria de la población. Supo interpretar, pero también respetar y conducir a puerto esos reclamos: el histórico juzgamiento a las Juntas Militares, el divorcio civil, la normalización de la enseñanza pública, un nuevo florecimiento de la cultura argentina, el retorno de miles de exiliados, la palabra de millones de oprimidos y el reconocimiento y el respeto a quienes habían resistido a las infamias de la dictadura.
Si un evento debe elegirse para definir el principio del fin de la administración Alfonsín, casi sin duda debe elegirse la Semana Santa de 1987, ante el levantamiento militar de Aldo Rico, que Alfonsín cerró con su famosa frase sobre el orden en la casa. La tradición política argentina es oral, por lo que la reconstrucción del proceso de toma de decisiones se realiza, casi sin excepción, por medio de testimonios orales, con toda su carga de subjetividad y conveniencia. Aún hoy resulta difícil establecer con qué información contaba Alfonsín a la hora de las decisiones, y si el grupo de militares sublevados tenía suficiente poder como para desarticular la capacidad del gobierno para reprimirlos y para mantener el control del Estado. Pero aún ante las dificultades para establecer los hechos, parece indiscutible que allí se produjo un quiebre entre el gobierno y el apoyo popular e internacional.
El martilleo mediático, luego, se enancó en el neoliberalismo: no ya en la aplicación de políticas económicas bajo un paraguas de fundamentalismo católico, como en la dictadura militar; sino en la constante repetición de que la única realidad era “el mercado”, que toda regulación era, por definición, injusta y disfuncional, que toda actividad estatal tendía a la corrupción y el despilfarro. En fin, todo el andamiaje ideológico que llevó a la actual crisis financiera mundial, y que ha performado buena parte del déficit institucional actual de Argetina. Existe alguna ironía histórica en el hecho de que mientras Alfonsín recibía un funeral de Estado, el G–20 haya estado discutiendo unos tibios límites a la orgía neoliberal.
Las rosas y los claveles que pavimentaron el paso del cortejo fúnebre pueden ser vistos como las últimas flores de esa primavera democrática. O como los primeros retoños de algo nuevo y diferente. Hay muchos elementos que inclinan la conclusión hacia la primera suposición. Y muchos obstáculos, que aparecen casi como insuperables, para la segunda. Pero por algunas horas a principios de abril de 2009 pareció que existía ese potencial para el cambio, de la mano de un caudillo radical que había tenido el coraje de defender a las víctimas del terrorismo de Estado –Alfonsín fue miembro fundador de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos en diciembre de 1975–; que había tenido la visión de no apoyar a la dictadura cuando recurrió a la aventura armada en Malvinas –dicha esta calificación con el mayor de los respetos a quienes allí pelearon y murieron, la motivación de la Junta Militar tuvo más elementos de oportunismo que de estrategia–; y que se animó a colocar en el banquillo de los acusados a los miembros de la saliente dictadura militar.
Elijo ese Alfonsín para el recuerdo y el homenaje, y aquel momento en que se podía sentir orgullo y esperanza de vivir en este país. Aquella fue, sin duda, su hora más gloriosa, pero también la del pueblo argentino. Sobre si este último merecerá, con nuevos logros, reclamar como propia esa herencia, el juicio de la historia continúa abierto.

Pena de muerte: el debate entre la Diva y la Jurista

En las últimas semanas –y todo indica que en las próximas también– los medios masivos de difusión han presentado una y otra vez la idea de que existe una tendencia fuerte y mayoritaria a la reimplantación de la pena de muerte en Argentina.

Algunos datos puros y duros para encauzar el argumento: como recuerda el último informe de Amnesty International sobre la pena de muerte ha habido un menor número de ejecuciones en 2008, al menos 2.390 han sido ejecutadas, el 72% –1.718 personas– en China. Relacionando los datos con la población, destacan Irán y Arabia Saudita, por encima de cuatro ejecuciones por cada millón de habitantes, mientras que China, Libia e Irak alcanzan apenas a superar una ejecución por millón. EE.UU., el único país de América que aplica la pena de muerte de manera sostenida, se encuentra en el décimo lugar en esta relación, con el Estado de Texas, como siempre, liderando en cantidad de ejecuciones.

Argentina, con la reforma del Código de Justicia Militar en agosto de 2008, derogó el último supuesto en que era posible su aplicación. También ratificó, en septiembre de 2008, instrumentos en Naciones Unidas y en la Organización de Estados Americanos que refuerzan el compromiso abolicionista.

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El debate recrudece, por momentos, en los medios de Argentina, pese a que el abolicionismo es la regla en el derecho internacional. Llevados al extremo, y si hubiera que elegir protagonistas, podría decirse que se trata del debate entre la Diva y la Jurista.

La Diva es una actual conductora de televisión, Susana Giménez. Con más de cuatro décadas vinculada al ambiente artístico, como modelo, vedette y actriz, algunas notas puntuales alcanzan a esbozar su historia: fue pareja del campeón mundial de boxeo Carlos Monzón, durante la década del 70; es la conductora mejor paga y más popular de la televisión argentina; y su estilo campechano y candoroso la ha llevado a momentos increíbles, como cuando preguntó a un paleontólogo si los dinosaurios que el experto buscaba estaban “vivos”. Dejemos aparte su paso por la justicia en cierto asunto de importación de vehículos de lujo evadiendo las barreras arancelarias al declarar que serían utilizados por discapacitados motrices, tal asunto no viene al caso.

La Jurista es Carmen Argibay, graduada en 1966. Se dedicó al derecho penal desde 1959. Fue detenida, y puesta “a disposición del Poder Ejecutivo Nacional” –figura excepcional de privación de la libertad por motivos políticos o ideológicos– entre marzo y diciembre de 1976. Desarrolló el ejercicio privado de la abogacía hasta 1984, cuando reingresó a la carrera judicial, y se jubiló como Jueza de los Tribunales Orales en lo Criminal en 2002. Atea y activa militante feminista, en 2000 fue miembro del “Tribunal Internacional de Mujeres sobre Crímenes de Guerra para el Enjuiciamiento de la Esclavitud Sexual”, donde se juzgó la responsabilidad japonesa por la esclavitud sexual en los territorios ocupados por las fuerzas armadas niponas en las décadas del 30 y del 40. En 2001 fue nombrada por Asamblea General de las Naciones Unidas como jueza ad litem en el Tribunal Criminal Internacional sobre crímenes de guerra en la ex–Yugoeslavia. Si bien fue nombrada para la Corte Suprema en 2003, recién asumió al terminar su tarea en la ONU, en 2005. La pena de muerte no se aplica en dos terceras partes de los países, y el 93% de las ejecuciones de 2008 se concentraron en Arabia Saudita, China, EE.UU., Irán y Paquistán.

Pero volvamos a la cuestión del debate: ante el asesinato de uno de sus colaboradores, en un robo, la Diva inició el debate con la frase “el que mata, tiene que morir”, dicha quizá desde la impotencia y el dolor del momento. Esas seis palabras la colocaron en medio de la tormenta. Los medios locales reprodujeron y amplificaron esa idea, más los aportes de otros personajes de la farándula local –entre los que fue doloroso encontrar a Luis Alberto Spinetta– Con comprensible fastidio, la Jurista respondió que tanto el texto constitucional como los tratados internacionales impiden que se instaure la pena de muerte.

Aquí habría debido quedar todo, bajo una saludable aplicación del principio “zapatero, a tus zapatos”. Pero Argentina es, siempre, una caja de sorpresas. Pasan las semanas, y los medios masivos de comunicación –y destáquese el “masivos”– siguen preguntando, a diestra y siniestra, sobre la pena de muerte. Aunque mucho se ha dicho y escrito sobre el asunto, la opinión de Roberto Gargarella resalta como la síntesis más completa y sencilla entre quienes rechazan la pena máxima.

Mucho más difícil es encontrar una sistematización similar entre quienes defienden la muerte: en sus filas conviven nostálgicos partícipes de las últimas dictaduras, personajes de la farándula, políticos y periodistas con su propia agenda –entre los primeros destaca cierto Senador nacional, ex presidente y actual habitué de los tribunales, argumentando que “Las fuerzas armadas deben salir a la calle y saturar las zonas conflictivas…”– y simples ciudadanos preocupados ante lo que perciben –a falta de estadísticas prolongadas y confiables, es difícil formarse una opinión basada en hechos– como un estado de anomia en el aparato de seguridad. Las contradicciones e incoherencias de ese agregado de personajes resultan terreno fértil para la crítica, que en líneas generales se ha enrolado bajo el eslogan de que “no hay nada más parecido a un fascista que un burgués asustado”. Hay alguna razón en ese argumento: al igual que en el original fascismo italiano, en muchos defensores de la pena de muerte subsiste la idea de un pasado idealizado, en el que los servicios de justicia y seguridad actuaban “con probidad y eficiencia”. Poco conmueve a estos personajes la fundada argumentación que muestra que la pena de muerte es y ha sido un castigo ilegal, inmoral, injusto e inútil; y mucho menos que se les recuerde la última época, lejana ya en un cuarto de siglo, en que el Estado argentino mataba.

Párrafo aparte merece el argumento de que hay tantas personas, famosas o no, que piensan de igual manera. La constante presencia de hechos de violencia en los medios no es un dato a soslayar: los medios informan, pero también forman. Mantener vivo este debate puede deberse a razones de política editorial coyuntural o a la simple codicia de alimentar la morbosidad y las ventas, pero es exigible un estándar mínimo de seriedad que, en este asunto, varios parecen haber violado. Pero aún descontando tales influencias, no está de más reflexionar sobre el límite de los requerimientos mayoritarios frente a los derechos individuales: ¿si una amplísima mayoría se decantara a favor de la pena de muerte, correspondería hacer lugar a su requerimiento, o los derechos individuales tendrían prelación en este punto? Tema mucho más espinoso y complejo que la simple apelación a la pena de muerte, por cierto, y que excede el ámbito de este artículo.

Los problemas vinculados al delito son, por definición, de alta complejidad, donde confluyen indicadores de integración y movilidad social, calidad institucional, educación, comercio y abuso de drogas, corrupción, y un largo etc. La elección individual de delinquir no se realiza, en definitiva, en un marco de plena y absoluta libertad, sino dentro de los condicionantes de situaciones sociales de tiempo, modo y lugar. Y en estos asuntos, como cualquier penalista podría ahondar durante horas, no hay respuestas sencillas. Ni la “saturación” castrense –por cierto, ni Argentina es Irak, ni sus fuerzas armadas pueden actuar como un ejército de ocupación– ni la aplicación de mayores penas constituyen alternativas viables para estos problemas. Pero frente al imaginario popular argentino, en cambio, se proponen como soluciones sencillas a un problema complejo. Tan sencillas que estaba al alcance de la Diva –y del Senador–, sin que la hubiera visto la Jurista. De tales absurdos también está construida la historia de los pueblos.

La sociedad argentina puede ser objeto de muchas críticas, pero jamás le cabrá la de ser aburrida y previsible.

Raúl J. Maldonado.