Barack Obama, la CIA y los memorandos de la tortura

“Extranjero, ve y di a los espartanos que aquí yacemos, en cumplimiento de sus leyes.” Tal es el epitafio que Simónides escribió para la guardia personal del Rey Leónidas, y que aún hoy puede leerse en el Desfiladero de las Termópilas. En 480 AC, fue allí donde los espartanos, junto a otras unidades de las ciudades–Estado griegas, resistieron durante dos días el avance del ejército persa de Jerjes: pero al tercer día, al saberse rodeado, Leónidas dirigió una acción de retaguardia con sus espartanos y un contingente de 700 tespios y 400 tebanos. Mientras que los tespios y los tebanos fueron capturados o masacrados, los espartanos lucharon hasta el último hombre.
Poco importa si Leónidas tuvo o no ocasión de retirarse, su gesto quedó en la historia. Bajo lo que algunos autores denominan “laconofilia” –afinidad por Esparta, también llamada Laconia– ha constituido un llamado capitalizado a favor de la virtud cívica democrática, cuando no del militarismo. Sin adentrarse en la discusión sobre la cultura espartana –esclavista, misógina, violenta, militarista y casi sin expresiones artísticas–, el epitafio de aquel poeta que nunca vivió en Esparta destaca el tema del sometimiento a la ley, recurrente en la tradición griega. La muerte de Sócrates, entre otros ejemplos, tiene el mismo argumento: rechaza huir porque se había sometido a la jurisdicción ateniense, y bebe la cicuta.

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Hay ecos de estos argumentos en la cuidada declaración de prensa con la que la administración Obama autorizó la publicación de cuatro memorandos, emitidos por la Oficina de Consejo Legal del Departamento de Justicia entre 2002 y 2005, que detallan una compleja casuística a favor de las llamadas “técnicas de interrogatorio mejoradas” que propuso la administración Bush. Tales técnicas consistían en la privación de sueño, las posturas estresantes, el encierro prolongado, periódicos baños de agua helada, el ahogamiento simulado –o “submarino”–, golpes en la cara o contra las paredes, etc.
Las consultas fueron realizadas por la Agencia Central de Inteligencia –CIA– en relación a prisioneros, presuntos “blancos de alto valor” de la red al Qaeda. Las respuestas intentaron variadas acrobacias para intentar justificar la violación de la prohibición interna e internacional de la tortura, en particular intentando establecer un conjunto de condiciones para evitar daños permanentes físicos o mentales. La argumentación devino, así, casi circular: las técnicas fueron diseñadas –y luego serían implementadas– con el aporte de médicos y sicólogos contratados por la CIA, además de interrogadores profesionales, y bajo tales parámetros fueron aprobadas por la Oficina de Consejo Legal. En un caso, al menos, el uso de insectos contra un prisionero fóbico fue aprobada por los abogados con base en el consejo de los sicólogos.
El comunicado de la administración Obama justifica la publicación de estos memorandos por su compromiso con la transparencia y la responsabilidad de los actos de gobierno, así como por el hecho de que buena parte de la información ya era de dominio público –como ejemplo, ha sido discutida aquí y aquí–; y establece que no habrá persecución penal contra los funcionarios que hayan seguido ese consejo legal de “buena fe”. Claro que tal limitación no implica que las cortes o el Congreso se abstengan de realizar investigaciones, o que no existan reclamos en sede internacional. El actual director de la CIA, Leon Panetta, ha prometido apoyo legal y financiero a cualquiera de sus empleados que sea objeto de persecución, dentro o fuera de EE.UU. La ausencia de persecución penal ha generado un fuerte rechazo entre quienes han litigado por años –como la Unión de Libertades Civiles y otros grupos– para obtener tanto el acceso a la información como el castigo de sus responsables.
La administración Bush protagonizó el ataque más serio y efectivo al sistema de derecho internacional humanitario que se construyó, con mucho esfuerzo, después de la Segunda Guerra Mundial: legitimó la guerra de agresión, el secuestro y traslado de sospechosos bajo el sistema de “rendiciones extraordinarias”, la detención sin juicio y la tortura, por si o por entrega a los servicios secretos de terceros países –como Egipto, Jordania, Arabia Saudita, etc., donde las “técnicas de interrogatorio mejoradas” no serían tan “cuidadosas” –. Poco importa si se exigía que el agua para simular un ahogamiento debiera ser potable y con un adecuado contenido de sodio, o si después de mantener durante más de siete días a un prisionero despierto hubiera que brindarle una noche de sueño antes de iniciar otra vez el proceso, o si los insectos que se introducirían en la celda hubieran de ser inofensivos: se trata de tortura, lisa y llanamente. La defensa de la era Bush se limita a constatar un hecho negativo, la ausencia de otros atentados en territorio estadounidense después del 11 de septiembre, aunque exige un esfuerzo de imaginación atribuirlo únicamente a tales tareas de inteligencia. Y sin olvidar que fue la misma CIA la que brindó el argumento sobre las “armas de destrucción masiva” del régimen iraquí, que nunca fueron encontradas.
La administración Obama, en cambio, ha prohibido la tortura y ha ordenado desmantelar las cárceles secretas de la CIA al igual que los campos de prisioneros de la base de Guantánamo, en Cuba, mediante órdenes ejecutivas suscriptas en el primer día de su mandato. Hasta qué punto es una convicción sincera es materia opinable. La limitación de las persecuciones penales favorece la opinión de quienes ven un simple cambio de estilo, pero no una ruptura con el pasado. También es cierto que, en los años de Bush, se desarrolló una próspera industria de inteligencia privada –vía contratación de empresas externas, o “tercerización”–, al punto que si en 1990 existía en la CIA un alto número de veteranos de la Guerra Fría, en 2005 la mitad del personal –operadores y analistas– tenía menos de cinco años de experiencia. La CIA, hoy, es detestada por el Pentágono y por el Departamento de Estado, y la militarización de las funciones de inteligencia no se ha detenido desde 2004. Entre otros inconvenientes, su Director Ejecutivo Kyle “Dustin” Foggo –“número tres” de la Agencia– fue acusado en 2006, y se declaró culpable en 2008, de aceptar sobornos para favorecer a su viejo amigo, el contratista Brent Wilkes, en contratos de logística: Nunca en su historia, la CIA había tenido que enfrentar un caso de corrupción de tan alto nivel. Con estos antecedentes parecería comprensible que la administración Obama quiera limitar la migración de personal formado al sector privado –donde hay buenas pagas, buenos beneficios y escaso control civil–. Firmas de contratistas militares como Lockheed Martin, Booz Allen Hamilton, o Blackwater ofrecen mejores condiciones, al punto que los contratistas privados ocupaban casi la mitad de los puestos de analistas en Bagdad y en el Centro Nacional de Antiterrorismo en 2006.
Otro punto álgido es qué tan alto podrían llegar las investigaciones sobre la decisión de implementar tortura. Valga recordar que una de las piezas principales de legitimación de la tortura es un memorando del Fiscal General Alberto R. González, del 25 de enero de 2002 que relativizaba la aplicación de las Convenciones de Ginebra a los prisioneros del régimen talibán. Los argumentos fueron la falta de reconocimiento internacional del régimen talibán –sólo reconocido por Pakistán y Arabia Saudita– y el hecho de que no tenía control total de su territorio; la conclusión, que sus miembros no representan a gobierno alguno –por lo que quedarían fuera de la “inmunidad del combatiente” por los hechos cometidos durante el conflicto–. El memorando, de cuatro páginas, propone luego una serie de ventajas y desventajas de tal razonamiento, para concluir en que la ganancia neta, para la administración, habría de ser superior.
Entre tantos argumentos capciosos y forzados, hay uno recurrente: la “guerra contra el terror” es una “nueva clase de guerra”, por lo que las regulaciones de las Convenciones de Ginebra no habrían resultado apropiadas. Pero si cada conflicto armado es, por definición, único e irrepetible como cada evento histórico, ¿qué sentido tiene entonces hablar de regulaciones legales? Estas establecen criterios generales que son interpretados por la autoridad de aplicación en una situación particular. El argumento de “la nueva clase de guerra” es tan sólo otra falacia –y una no muy elegante– para justificar el voluntario apartamiento de una práctica jurídica reconocida y legislada por la comunidad internacional, y por ende vinculante.
Por último, la participación de profesionales del área de la salud –médicos y sicólogos– también genera su propia dinámica: las asociaciones profesionales se han pronunciado con el esperable toque de indignación ante el conocimiento de estos hechos, pero aún no se ha materializado ninguna respuesta en términos de procesos administrativos o sanciones disciplinarias a quienes han intervenido. Tanto estos profesionales, como los restantes implicados, deberán poder acreditar que existe tal cosa como una “obediencia de buena fe” a un consejo legal que autoriza la tortura.
El uso de la tortura como técnica operativa sistemática choca tanto las convicciones más nobles a las que ha llegado la especie humana como el sentido de experiencia histórica de los pueblos, y nuestra más íntima convicción de que constituyen violaciones a nuestra propia humanidad. De allí que el terrorismo de Estado requiera de una cobertura ideológica, que antepone nociones abstractas –la Patria, la Libertad, la Revolución, o lo que fuere– frente a la noción de obligación al cumplimiento de las leyes a la que refería Simónides.
¿Logrará la administración Obama mantener su promesa de no torturar, y recuperar así algún prestigio para EE.UU.? La prohibición de la tortura y la cancelación del programa de prisiones secretas son pasos correctos en esa dirección. La promesa de no enjuiciar a, al menos, algunas de las personas que han intervenido puede ser vista como una concesión impuesta tanto por lealtades programáticas con la administración anterior como por el peligro de debilitar a sus agencias de inteligencia. Aún cuando la CIA esté desarticulada y en franco declive, no es sino una entre trece agencias de inteligencia en EE.UU. Los errores estratégicos de la administración Bush llevarán mucho más que la publicación de algunos memorandos para ser corregidos. Pero Barack Obama se ha colocado, al menos de momento, en un estadio superior del cumplimiento de la ley.

Raúl J. Maldonado.

Notas al pie: El filósofo eslovaco Slavoy Zizek, a propósito de la película “300” de Zack Snyder, ha realizado una interesante lectura de nuestra visión de los espartanos en su artículo La verdadera izquierda de Hollywood, donde propone una defensa de la disciplina y el espíritu de sacrificio, cualidades en las que no ve “nada esencialmente fascista”. Entre las prohibiciones de la aplicación de tortura, y respecto de la entrega de sospechosos a terceros países, valga destacar que EE.UU. ha ratificado la Convención contra la tortura de la ONU en 1994, que en su art. 3.1 establece que “Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometido a tortura” Aunque las tres reservas interpretativas que realizara EE.UU. al ratificar la Convención remiten, en última instancia, a su ordenamiento interno para determinar qué es “tortura” y cuándo existen “razones fundadas” para temer su aplicación, existe evidencia de que la entrega de prisioneros a terceros países fue propuesta por George Tenet y su jefe de Contraterrorismo, Cofer Black, en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad del 15 de septiembre de 2001: había tanto el conocimiento previo como la intención de que la persona fuera sometida a tortura. Sobre la formación del complejo de empresas privadas de inteligencia, puede verse el excelente “Legado de cenizas – Una historia de la CIA” (Time WEINER, Montevideo, Debate, 2008) en particular págs. 539 y ss. Un análisis detallado del memorando de González puede verse "La impunidad imperial" de MONTOYA, Roberto (Madrid, La esfera de los libros, 2005, pág. 95 y ss.)

Raúl Alfonsín: su hora más gloriosa

El hombre que presidió la restauración de la democracia en Argentina falleció el 31 de marzo de 2009. Recibió honores de Estado, 70.000 personas presentaron sus respetos en una capilla ardiente en el Congreso de la Nación, y otras 100.000 acompañaron su cortejo fúnebre hasta el céntrico Cementerio de la Recoleta. A los tres días de duelo nacional se sumaron Brasil, Uruguay, Chile y Perú, y varios ex presidentes latinoamericanos se hicieron presentes en la ceremonia, junto con las condolencias de dignatarios y potencias extranjeros.
Sea que lo veamos como credibilidad, como confianza, o como la capacidad de un líder de representar y guiar a las masas, el prestigio es un componente ineludible del poder político. No por ello tiene que resultar agradable la puja por la apropiación del prestigio de Raúl Alfonsín, en la que participaron, cuan tirios y troyanos, tanto los líderes actuales de la Unión Cívica Radical como miembros del gobierno, del resto de la oposición, y antiguos oponentes y defensores del periodismo local. Se ha dicho, y mucho, que cada uno elije qué Alfonsín quiere recordar.

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Pero aún subsiste la sensación de que, al menos, existe el germen de algo diferente en esa movilización espontánea entre el 1 y 2 de abril de 2009. Puede –y de hecho, así ha sido– pensarse que existía un marcado sesgo de clase en la movilización: a más de la militancia de la Unión Cívica Radical, en el cortejo había un cierto perfil de personas: quienes promediaban entre cuatro y cinco décadas, con un buen ver indicativo de un buen pasar y, en muchos casos, que habían recuperado de entre sus propios cajones de recuerdos apolilladas boinas blancas –distintivo tradicional de la UCR– y desvaídos elementos del mercadeo partidario de aquella campaña de 1983, cuando Raúl Alfonsín terminaba sus discursos recitando, con incontenible pasión, el Preámbulo de la Constitución Nacional. También se ha criticado la rápida reacción de los medios masivos, que al advertir la reacción popular –la noche misma en que murió, más de un millar de personas se agolparon a las puertas de su domicilio– empezaron a hablar del “padre de la democracia”, e inclusive un dirigente radical habló, luego, de “padre fundador”, una metáfora común en la política estadounidense para referirse a la pretensa voluntad de sus propios constituyentes –allá por el tercer cuarto del siglo XVIII– a la hora de resolver conflictos de intereses actuales. Otras valoraciones, por último, son netamente críticas: representan aquellas apetencias de profundizar determinados pasos –en particular, en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura militar– que, por falta de oportunidad o de convicción –es materia opinable– la administración Alfonsín no fue capaz de realizar.
De aquellos multitudinarios actos de inicios de la democracia, el paso de Alfonsín por el gobierno bien puede ser visto como una sucesión de derrotas: se inició el histórico juicio a las Juntas Militares, pero luego se sufrieron retrocesos bajo las figuras de las instrucciones a los fiscales, y las infames leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Se declamó contra la política económica neoliberal, pero se reconoció la deuda externa –y por cierto que existían argumentos para rechazarla– y se sembraron las semillas de la privatización de entidades públicas. Luego de la conmoción inicial ante el triunfo del radicalismo, los sindicatos y los cabilderos empresariales forzaron, una vez tras otra, la mano del gobierno. Estos son hechos conocidos y aún discutidos.
En materia de política exterior, la participación argentina en los Grupos Contadora –en defensa de la paz en América Central, cuando EE.UU. reaccionaba contra la incipiente democracia nicaragüense minando puertos y financiando, aún contra sus propias leyes, a la “contra” nicaragüense– y Cartagena –que intentó una tibia defensa de los países deudores de préstamos internacionales–; la finalización de las carreras armamentistas, los diferendos territoriales y las hipótesis de conflicto con Chile y Brasil; y el lanzamiento del proyecto de integración que hoy conocemos como Mercosur fueron cotas de grandeza que luego caerían al nivel de las “relaciones carnales” con EE.UU. –la frase de época define, por si misma, la renuncia a toda apetencia de independencia– en la administración Menem. Y un amplio etcétera que incluye los levantamientos militares del hoy político líder de los “carapintada”, Aldo Rico; el ataque al cuartel de La Tablada por el Movimiento Todos por la Patria, reprimido con un poder de fuego desmesurado; los planes económicos que fracasaban al ritmo de la caída de poder adquisitivo de los salarios; los saqueos de comercios en los centros urbanos; la entrega anticipada del poder a Carlos Menem; el Pacto de Olivos en 1994… Una vida política llena de aciertos, errores y maniobras variadas, difícil de calificar en pocas líneas sin caer en la tentación del panegírico, la elegía o la crítica feroz.
Pero la pregunta subsiste: ¿qué llevó a tantas personas a lamentar la muerte de Raúl Alfonsín? Se ha dicho, también, que implicó la muerte de la juventud de aquellos que, hoy, rondamos por los cuarenta. Y, tal vez, este sea un argumento emocional con algo más que una pizca de razonabilidad: durante estos días este cronista ha escuchado, en muchos coetáneos, una suerte de necesidad de definir su propio paso por la vida en algo más que el esquivo éxito material, una añoranza por aquél momento en que parecía que todo era posible, esa frescura en el ambiente que se debía tanto a nuestra propia juventud como a la libertad que respirábamos. Que en ello exista el germen de una nueva era en la política argentina quizá sea, tan sólo, un irracional deseo producto de la exposición a tanto balance mediático.
Alfonsín ha sido tratado, también, de “estadista”, una definición que evoca un gran saber y experiencia en los asuntos de Estado. Es cierto que su oratoria y su convicción fueron potentes elementos, sobre todo en la comparación con los políticos actuales, más preocupados por transmitir su posición en las encuestas que por determinar las grandes líneas estratégicas de sus plataformas. Y algún elemento de estadista hubo en Alfonsín, cuando propuso mudar la capital de la República a la austral ciudad de Viedma, pretendiendo terminar así con el fenómeno del centralismo porteño que, para bien y para mal, signó el desarrollo económico y social del país; y que años después instó la incorporación de la Unión Cívica Radical a la Internacional Socialista.
En el balance, sin embargo, quiero rescatar otra vez aquella maravillosa sensación del período conocido como “primavera democrática”, entre 1983 y 1987. Allí estuvo el mejor Raúl Alfonsín, el líder que supo interpretar el reclamo de paz y de justicia de una porción mayoritaria de la población. Supo interpretar, pero también respetar y conducir a puerto esos reclamos: el histórico juzgamiento a las Juntas Militares, el divorcio civil, la normalización de la enseñanza pública, un nuevo florecimiento de la cultura argentina, el retorno de miles de exiliados, la palabra de millones de oprimidos y el reconocimiento y el respeto a quienes habían resistido a las infamias de la dictadura.
Si un evento debe elegirse para definir el principio del fin de la administración Alfonsín, casi sin duda debe elegirse la Semana Santa de 1987, ante el levantamiento militar de Aldo Rico, que Alfonsín cerró con su famosa frase sobre el orden en la casa. La tradición política argentina es oral, por lo que la reconstrucción del proceso de toma de decisiones se realiza, casi sin excepción, por medio de testimonios orales, con toda su carga de subjetividad y conveniencia. Aún hoy resulta difícil establecer con qué información contaba Alfonsín a la hora de las decisiones, y si el grupo de militares sublevados tenía suficiente poder como para desarticular la capacidad del gobierno para reprimirlos y para mantener el control del Estado. Pero aún ante las dificultades para establecer los hechos, parece indiscutible que allí se produjo un quiebre entre el gobierno y el apoyo popular e internacional.
El martilleo mediático, luego, se enancó en el neoliberalismo: no ya en la aplicación de políticas económicas bajo un paraguas de fundamentalismo católico, como en la dictadura militar; sino en la constante repetición de que la única realidad era “el mercado”, que toda regulación era, por definición, injusta y disfuncional, que toda actividad estatal tendía a la corrupción y el despilfarro. En fin, todo el andamiaje ideológico que llevó a la actual crisis financiera mundial, y que ha performado buena parte del déficit institucional actual de Argetina. Existe alguna ironía histórica en el hecho de que mientras Alfonsín recibía un funeral de Estado, el G–20 haya estado discutiendo unos tibios límites a la orgía neoliberal.
Las rosas y los claveles que pavimentaron el paso del cortejo fúnebre pueden ser vistos como las últimas flores de esa primavera democrática. O como los primeros retoños de algo nuevo y diferente. Hay muchos elementos que inclinan la conclusión hacia la primera suposición. Y muchos obstáculos, que aparecen casi como insuperables, para la segunda. Pero por algunas horas a principios de abril de 2009 pareció que existía ese potencial para el cambio, de la mano de un caudillo radical que había tenido el coraje de defender a las víctimas del terrorismo de Estado –Alfonsín fue miembro fundador de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos en diciembre de 1975–; que había tenido la visión de no apoyar a la dictadura cuando recurrió a la aventura armada en Malvinas –dicha esta calificación con el mayor de los respetos a quienes allí pelearon y murieron, la motivación de la Junta Militar tuvo más elementos de oportunismo que de estrategia–; y que se animó a colocar en el banquillo de los acusados a los miembros de la saliente dictadura militar.
Elijo ese Alfonsín para el recuerdo y el homenaje, y aquel momento en que se podía sentir orgullo y esperanza de vivir en este país. Aquella fue, sin duda, su hora más gloriosa, pero también la del pueblo argentino. Sobre si este último merecerá, con nuevos logros, reclamar como propia esa herencia, el juicio de la historia continúa abierto.