Elecciones 2011 y la desgracia de la Patria

“Resulta sano y positivo que, en un país libre, las filosofías sociales contradictorias puedan combatir con entera libertad. En el estado actual de nuestras sociedades, resulta inevitable que las diferentes clases tengan intereses contrapuestos y sean conscientes de sus antagonismos. La desgracia de la patria comienza cuando dejan de comprenderse la legitimidad de estos enfrentamientos.”

Esta cita pertenece a un capitán del ejército francés, que escribió en 1940 un libro llamado “La extraña derrota” buscando brindar, más que un testimonio personal, una reflexión sobre las causas de la caída del ejército francés, tenido por el más poderoso de Europa, en apenas cinco semanas frente a las columnas blindadas nazis. No era, de todas formas, un soldado cualquiera: “el capitán más viejo del ejército francés”, como se refería a si mismo, era Marc Bloch, un reputado historiador, fundador –junto con Lucien Febvre– de la “Escuela de los Anales”, cuyo impacto en la historiografía universal es indiscutible y duradero: el uso de aportes de otras disciplinas, la definición de ciclos históricos largos y la incorporación del análisis económico a la Historia, entre otras, hoy son notas normales, pero que abrevan en esa tradición historiográfica. Marc Bloch ostentó la triple condición de judío, intelectual y miembro de la Resistencia. Capturado por la Gestapo, fue torturado durante meses, y fusilado a pocos días del desembarco aliado en Normandía. Tenía 57 años.

En Argentina, como en muchos otros países –si no en todos–, puede ejemplificarse esta “desgracia de la patria” en un resumen brevísimo: el ciclo de reclamos sociales, represión y golpes de Estado que ocupó las cuatro quintas partes del siglo XX. La Historia, sin embargo, no presenta revanchas, sino lecciones.

El domingo pasado, más del 70% de los votos válidos emitidos votó a dos propuestas –la reelección de Cristina Fernández y la del Frente Amplio Progresista– que se adscriben dentro de esa entidad de difícil descripción: el “progresismo”. El término ha devenido, por fuerza y multiplicidad de uso, tan equívoco como omnipresente, pero en términos generales podemos sostener que caracteriza aquella visión política que propugna realizar cambios o reformas sociales por medio de la intervención del Estado. Es en este punto, la intervención estatal, donde se encuentra la mayor diferencia las corrientes liberales: el alcance de las restricciones a la libertad de empresa es mayor en el progresismo. Pero mucho mayor. Cualquiera conviene en que un mínimo es indispensable a la vida en sociedad –el ejemplo de imaginar que la única restricción a la actividad farmacéutica fueran las reglas de mercado, y no se controlara la calidad de las medicinas puestas a disposición de la población alcanza para demostrar el punto–. El asunto más difícil es determinar cuándo el Estado debe intervenir, de qué forma y con qué alcance, a la hora de morigerar o eliminar las desigualdades sociales. Asimismo, la constante confusión que existe entre “progresismos” e “izquierdas” en buena parte de la literatura política hacen poco y nada por aclarar el uso del concepto.

En cualquier caso, lo concreto es que tanto la reelección de Cristina Fernández como el ascenso del gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, abrevan en una corriente común: la promesa igualitaria que atraviesa tanto sus propuestas como sus acciones de gobierno. Ríos de tinta y de píxeles han corrido, y correrán, analizando con detalle los pro y los contra de cada uno de estos candidatos, y su mención excedería con mucho el compás de este artículo. Baste decir que las adscripciones políticas nunca resultan tan claras y definidas como gustaría a políticos y periodistas. Pero quiero detenerme en dos de las críticas más frecuentes: que al oficialismo lo votaron masas ignorantes que buscan prebendas, y que al Frente Amplio Progresista lo votaron quienes buscaban, casi sin esperanza, que un opositor, cualquiera, tuviera alguna chance contra “el régimen”.

El primero de esos argumentos es común, pedestre y francamente insultante: la extensión de la franquicia electoral a todo ciudadano mayor de 18 años no llegó por imposición divina, sino por la lucha de millones de hombres y mujeres durante la larga historia humana. Desde sus humildes orígenes en la sociedad esclavista de Grecia hasta el presente, siempre ha existido alguna valla que separaba a quienes decidían de quienes, meramente, soportaban. Para considerar que un régimen político es democrático, hoy, se considera que la franquicia electoral debe tener la mayor extensión posible. Eso iguala el voto del más formado de los ciudadanos con el más tosco y embrutecido, pero ambos perciben la realidad que les toca vivir. Impugnar el voto ajeno porque se basa en una visión cortoplacista sólo es una variante modernizada del discurso conservador, y constituye un resabio autoritario del que esta sociedad, por supuesto, no ha logrado sustraerse, pero que obtura la posibilidad del debate político útil que reconozca, en palabras de Bloch, la legitimidad de los reclamos sociales.

El segundo argumento, la pretendida inflación de los votos del FAP por opositores no convencidos de otra cosa que no sea obstaculizar al oficialismo, tampoco resiste mucho análisis. Es probable que existan tales votos, pero son imposibles de mesurar, excepción hecha del análisis pormenorizado de los resultados entre las primarias de agosto y las presidenciales de octubre. En tales términos, el FAP subió en casi un millón y medio de votantes. Pero el oficialismo también logró aumentar su caudal de votantes de 10,7 a 11,5 millones. Tirios y troyanos encuentran diferentes motivos para estas variaciones, en lo personal prefiero verlas como manifestaciones de adscripción a una promesa igualitaria. Tanto el gobierno nacional como el de la provincia de Santa Fe tienen sus méritos y sus defectos, ¿qué duda cabe? Cuestiones de gestión, de sustentabilidad, de habilidad, inciden en la visión que se pueda desarrollar sobre cada uno de estos candidatos. Pero al momento de depositar el sobre en la urna, las opciones se simplifican, y una aplastante mayoría de ciudadanos se ha manifestado a favor de dichas promesas igualitarias.

Sigue siendo ocioso analizar cuál ha sido la motivación de cada votante en particular, pero cabe destacar que cinco candidatos se reparten el treinta por ciento de los votos válidos, aunque entre ellos figura, también, un no–candidato: el universo de votantes disconformes o meramente torpes. Sobre 28,8 millones de electores, los votos en blanco, anulados e impugnados alcanzaron casi 900.000. Digamos, sin rubor, que esos votos pueden ser vistos como una medición de la decepción, el desinterés o la incomprensión de los detalles del proceso electoral. Algunos candidatos presidenciales, sin embargo, ni siquiera lograron superar, con sus propuestas, ese estándar de los “disconformes” que, huelga decirlo, es natural a cualquier proceso electoral. Y también que una fuerza política importante, al menos en el distrito electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, decidió no presentar candidatos: los votantes del incumbente Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, no han tenido representación electoral ni en las primarias ni en las presidenciales.

El caso más doloroso, quizá, es el del tradicional frente de la izquierda argentina, que propuso la candidatura de Jorge Altamira, un militante de reconocida trayectoria en el trotskismo local. Su fórmula cosechó poco menos de medio millón de votos en todo en el país. Y si faltaba una cereza para el pastel de la izquierda argentina, en las elecciones primarias celebradas en agosto se pedía “un milagro para Altamira” para que lograra superar los mínimos que establecía la ley electoral. Duele decirlo, pero la bandera anticlerical, histórica reivindicación de la izquierda mundial, no queda muy bien parada cuando hay que pedir “milagros”… máxime en una sociedad como la Argentina, donde la separación entre la Iglesia y el Estado es un mandato político que todos declaman, pero nadie respeta. ¿O qué otro origen tiene, por ejemplo, la larga resistencia a que exista educación sexual en las escuelas públicas, o a que se discuta, en serio, la cuestión del aborto a nivel legislativo?

Otro caso paradigmático es el de Elisa Carrió, candidata por la Coalición Cívica. Otrora referente del electorado ilustrado de las grandes ciudades –y un corto otrora, menor a una década–, este año obtuvo la peor cosecha de votos: no llegó a los 400.000. Parte de la explicación, como han destacado todos los analistas, se puede encontrar en el propio discurso de Carrió, tremendista y apocalíptico. Resulta difícil resistir la tentación de compararla con el periodista cristiano Harold Camping, quien predijo –conforme su interpretación de sus textos sagrados– que el fin del mundo llegaría el 21 de mayo de 2011. Poco después reconoció su error, y postergó la fecha hasta el 21 de octubre, basándose en la aplicación de la numerología al texto bíblico que, para él, debe ser entendido, siempre, en forma literal. Sin duda las predicciones de un apocalpisis de la República no han ayudado a las fuerzas de Carrió, pero quizá no tanto por la repetición y el hartazgo como por la ausencia de propuestas concretas que supo desplegar en la campaña.

El primero de los siete candidatos en superar la barrera de los disconformes es Eduardo Duhalde, un político de larga militancia peronista que llegó a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, la vicepresidencia durante la administración Menem y la presidencia luego de la crisis de 2001. Poco más de un millón y cuarto de votantes apoyaron su propuesta, que lentamente ha ido derivando de un neoliberalismo ramplón a una defensa decadente de la última dictadura militar. Ha repetido, hasta el hartazgo, que los juicios contra los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Proceso de Reorganización Nacional han sembrado la discordia entre los argentinos. Este autor reconoce que, quizá, deba salir más de su casa y su oficina, pero no tengo recuerdo de haber sabido, siquiera por mentas ajenas, que dos personas se pelearan en la calle, o en alguna reunión social, a raíz de estos asuntos. Me ha tocado en suerte, incluso, debatirlo en diferentes ámbitos y con diferentes personas, y ni siquiera tengo el recuerdo de un insulto. Por supuesto que hay personas afectadas por estos crímenes y las investigaciones a las que dieron lugar: los victimarios, y los familiares de las víctimas. Pero no parece que sea allí donde se requieran “concordia” y “unidad nacional”, sino sólo “justicia”. Pero, si vox populi, vox dei, su discurso ha quedado reducido a un pequeño porcentaje. E incluso, si hay que echar sal a la herida, podría verse como destino último de este elemento del discurso duhaldista el destino de la farsa: en la edición de La Nación, de hoy 25 de octubre, aparece como una de las dos propuestas de “El Señor González”, el personaje que con deprimente puntualidad desarrolla Rolando Hanglin intentando, quizá, nutrirse del costumbrismo criollo. En la columna en cuestión, propone dos medidas: amnistía para los delitos políticos cometidos entre 1970 y 1983; y reconocimiento de la soberanía inglesa en las islas Malvinas. Sería agradable pensar que se trata de una lección de civismo encubierta: tal hipotética amnistía violaría varios pactos internacionales, incluso los que están integrados al texto constitucional desde 1994; y la guerra no se reconoce, en derecho internacional, como argumento suficiente para la apropiación territorial. Pero esos pequeños detalles no quitan el placer, si lo hubiere, de leer los desvaríos que Hanglin atribuye a su personaje.

Alberto Rodríguez Saa, otro candidato del peronismo, superó a Duhalde y obtuvo poco más de 1,7 millones de votos, la mitad de ellos en la provincia de Buenos Aires, y los demás repartidos en las otras jurisdicciones electorales del país. Miembro de una familia tradicional que ha gobernado su provincia, San Luis, desde 1983 sin interrupciones, es el tercero de los candidatos que puede mostrar alguna gestión –los otros son la actual Presidenta Cristina Fernández y el gobernador de Santa Fe, Hermes Binner–.

En el tercer lugar de la pugna electoral se encuentra Ricardo Alfonsín, de la “Alianza Unión para el Desarrollo Social”, un sello que refería a un viraje tanto ideológico como táctico y llevaba, como vicepresidente, a Francisco de Narváez, un empresario nacido en Colombia y de reconocida participación en el negocio de los medios de comunicación. Poco hay que decir de esta alianza, que aparecía como “antinatural” –si se puede aplicar la palabra– hasta tal punto que muchos analistas destacaron que, tanto en las primarias como en las presidenciales, hubo un buen número de electores que retiraban a los candidatos radicales de la UDESO e incorporaban en su lugar a los de la Alianza Compromiso Federal de Rodríguez Saá. Doloroso destino para el hijo de Raúl Alfonsín, que ha aprendido –por el camino duro– que la política sigue teniendo que verse en términos de vinculación con los electores y sus necesidades, y que las grandes maniobras políticas requieren gran coraje, pero atemperados por una prudencia de la que no supo hacer gala.

El lector avispado podrá pensar, a estas alturas, ¿y dónde radica la “desgracia de la patria” a la que hace referencia el título del artículo? Pregunta válida, por cierto, y cuya respuesta concluye estas reflexiones: en el espíritu de pueblo pequeño que demuestran, mayormente, los analistas políticos locales. Contar las menciones en las redes sociales, repetir consignas vacías, titular con descaro los logros de los propios y los defectos de los ajenos, y un largo etcétera, son pobres sucedáneos de la discusión política seria, y un pobre baldón para el periodismo vernáculo.

El análisis político no escapa a las reglas del negocio informativo: la información es una commoditie más, que puede ser comprada, vendida y manufacturada. Sobran ejemplos en la historia, desde el viejo Herst culpando, en sus diarios, a España del hundimiento del acorazado Maine –lo que originó la guerra entre EE.UU. y España, donde la potencia europea perdió casi sus últimas colonias: Cuba, Puerto Rico y Filipinas– hasta Goebbels agregando un cero a la cifra de víctimas en los bombardeos de Dresde en 1944, que así habrían pasado de 30 a 300 miles. O la administración Bush, ofrendando a Colin Powell como cordero sacrificial al proponer “evidencias” de la existencia de las armas químicas del régimen iraquí. Y seguramente cualquier lector podrá encontrar ejemplos más locales y cercanos, sin mucho esfuerzo.

Cristina Fernández y Hermes Binner se han presentado como líderes transformacionales: aquellas personas que dejan una huella en la historia y llevan a sus países o provincias hacia una nueva etapa. Comprendieron, mal que pese a varios, que la ciudadanía requiere, hoy, ese tipo de liderazgo. Insisto, no tiene aquí cabida el análisis de cuánto lograron transformar, en concreto, y en qué sentido, o cuáles son sus capacidades, sus voluntades y sus límites en tales transformaciones. Pero supieron encarnar esa necesidad de sus electores, mientras que los candidatos de las otras cinco fuerzas políticas quedaron atrapados en sus propias limitaciones. De los levantamientos populares en el Cercano Oriente a los “indignados” de Europa –y los que se manifestaron en Wall Street mientras los banqueros tomaban champagne–, del avance de los gobiernos de corte popular en América Latina a las pujas redistributivas en China, el reclamo del cumplimiento de la promesa igualitaria define las políticas exitosas. Sólo dos de los siete candidatos presidenciales lograron sintonizar esa fibra en el electorado, comprendiendo que tal reclamo es, en esencia, legítimo y perentorio.

Los otros cinco candidatos, en definitiva, encarnan sólo la desgracia de la patria.

Raúl J. Maldonado

29 de marzo, cinco años después

Este es un texto que escribí hace cinco años. No me sorprende que mantenga, en lo esencial, su vigencia, salvando alguna que otra cuestión de la propia coyuntura de aquél tiempo.


30 años después de la muerte de mi madre, hoy llevé claveles rojos a su tumba. Dos balazos en la cabeza sellaron su vida. Pero compartió, durante casi 28 años, el destino de miles de argentinos. Sus restos fueron enterrados en el sector de NN –non nomine, o sin nombre– del Cementerio de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, junto a 13 personas más. Permanecieron allí hasta 1983, cuando fueron exhumados y llevados –en pequeñas bolsas de plástico y cajas de cartón– a la Asesoría Pericial de la Ciudad de La Plata.

Ignorando estos hechos, en 1996 iniciamos una acción judicial para recuperar los restos, y nombrando peritos de parte al Equipo Argentino de Antropología Forense. Uno de sus miembros logró encontrar, en la Asesoría Pericial, las bolsas donde los restos del Cementerio de Moreno habían sido mezclados, sin orden ni concierto, y unas fotocopias simples del expediente de la inhumación, que dieron importantes pistas. Resaltaba, sobre todo, los exámenes post mortem –pues no llegaban al rigor de una autopsia– realizados a los cuerpos en forma inmediata a la muerte. Uno o dos disparos en la cabeza habían rematado a los prisioneros. Sus cuerpos, luego, fueron incinerados en forma precaria, y enterrados sin mayor ceremonia ni tentativa de identificarlos formalmente.

No es por pudor, ni por temor, que omito, ex profeso, detalles relevantes, como el nombre, el ámbito de militancia y las circunstancias del último día de vida de mi madre. Exceden el compás de este escrito, que se enfoca en mis propias sensaciones el día en que nos entregaron los restos.

El proceso de identificación, en si, llevó varios años de trabajo. Los esqueletos y las hipótesis forenses comenzaron a cobrar sentido, y la identificación de parte de los maxilares y la forma del cráneo permitía acercar un nombre a esos restos destrozados por disparos a bocajarro. La crónica escasez de recursos del Poder Judicial y la siempre exigida capacidad de trabajo del EAAF llevaron a que las pruebas de ADN recién pudieran ser procesadas en 2004. Pero una vez realizada la identificación, la Cámara Federal accedió a mi pedido de inmediata entrega de los restos, bajo el argumento genérico de que no se podía, ni se debía, esperar un minuto más para cumplir con la inhumación.

Los restos de mi madre fueron cubiertos por claveles rojos que arrojamos sus amigos y parientes, y nuestros amigos y parientes, y luego por la tierra común de un cementerio popular. Muchas personas viajaron muy lejos para estar ese día. Por una combinación improbable de tenacidad, deber moral y mucha buena suerte, habíamos logrado “hacer reaparecer” los restos de mi madre y dar cumplimiento al entierro ceremonial, una de las conductas más antiguas de la Humanidad, presente en todas las culturas e independiente de todas las religiones.

Hoy, treinta años después de esa muerte, hay voces que siguen esgrimiendo sus cansinos argumentos sobre “lo infernal de la guerra”, o sobre “la violencia de ambos bandos”, o sobre “la necesidad de reconciliación”. Tomados uno a uno, o en conjunto, son argumentos necios, tontos y tan faltos de rigor como de buena fe. Ninguna pretendida “guerra” justifica el secuestro, la tortura, el asesinato, el robo de bienes y la apropiación de menores. Ninguna violencia justifica que el Estado aplique su considerable poder a violar las garantías del sistema legal.

El grupo de personajes variopintos, mezcla de oportunistas, integristas católicos y lumpenaje que constituyó el brazo ejecutor de la dictadura militar sigue, hoy, reivindicando su accionar. Cuando no, como pudimos constatar en días cercanos, reproduciendo sus mismas tácticas de control ideológico y estableciendo el peligro de la intelectualidad para los intereses marítimos de la patria. Que más de un cuarto de siglo después los torturadores y asesinos sigan esgrimiendo su exacerbada visión del conflicto social –y, sobre todo, de las formas de resolverlo– no deja de tener sentido: a todos les va su conciencia, y a muchos su libertad, en esa discusión. Tampoco puede esperarse que los distintos actores políticos de nuestro país dejen de vincular sus propias propuestas políticas y sus valoraciones sobre los últimos 30 años. La dimensión pública de estos asuntos supera y trasciende las valoraciones individuales, como ocurre con cualquier hecho relevante de la historia o de la actualidad.

La desaparición forzada de personas no es privativa de nuestro país, sino una práctica extendida por todo el mundo, como cualquiera puede constatar en pocos minutos. Tampoco es novedosa, Sófocles, en la Grecia clásica, narra en su Antígona un caso clásico de abuso del poder estatal: Creonte, rey de Tebas, había ordenado que Polinices quedara insepulto por intentar derrocarlo. Antígona desafió la ley humana para cumplir el mandato divino de enterrar a su hermano. Creonte, para no ser culpado por la muerte de Antífona, trama un asesinato encubierto: “La llevaré allí donde la huella de los hombre esté ausente, y la ocultaré en una pétrea caverna.” Antígona dice al coro: “A vosotros os tomo por testigos de cómo, sin lamento de los míos, y por qué clase de leyes, me dirijo hacia un túmulo excavado de una imprevista tumba. ¡Ay de mi, desdichada, que no pertenezco ni a los mortales ni soy una más entre los difuntos, que ni estoy ni con los vivos ni con los muertos!”

Millones de Antígonas, en todo el mundo, siguen clamando desde el limbo de los desaparecidos. Convenciones multilaterales y regionales, y disposiciones constitucionales y legales de muchísimos países tratan de erradicar el odioso crimen de la desaparición forzada de personas. Millones de hombres y mujeres ponen su esfuerzo cotidiano para que así sea. Y aunque los resultados a la vista son parciales, los avances son innegables.

El cráneo de mi madre tiene dos disparos a quemarropa. He tenido la buena fortuna de poder recuperarlo, verlo, tocarlo y enterrarlo, gracias al apoyo de gente maravillosa. Es una experiencia y un privilegio que compartimos poco menos de doscientas familias en este país. El esclarecimiento del destino de los desaparecidos y la recuperación de sus restos deberían haber sido políticas de Estado sostenidas desde 1983. El juicio, el castigo y el debate político son temas propios de la contingencia –como bien hemos visto en el último acto del 24 de marzo–. El dolor de quienes siguen tratando de saber qué pasó con sus seres queridos es mucho más concreto y merece un oportuno desagravio. ¿Seremos capaces, como sociedad, de dar una respuesta a estas personas y a estas familias? ¿Una respuesta que no dependa de la voluntad del gobierno de turno, ni de la buena fortuna de lograr un hallazgo casi artesanal de restos e informaciones? ¿O seguiremos viviendo, para siempre, una puja por apropiarse del capital político, un reflejo fariseo de utilización del dolor para la agenda propia? ¿Escuchando o leyendo los casi infantiles llamados a la “reconciliación” sin la “responsabilidad”? Es el Estado argentino, como persona de existencia ideal, quien debe dar cuenta del destino de cada persona puesta bajo su poder, y recuperar los restos cuando fuere posible.

Nuestro país y nuestra sociedad están lejos de lograr un acuerdo conceptual sobre la dictadura, sus métodos y sus consecuencias. Si bien casi nadie reivindica abiertamente a la dictadura in toto, tras el repudio formal aparecen las relativizaciones, las idealizaciones y/o las apropiaciones ideológicas. Pero hasta que el último de los desaparecidos haya sido identificado, o se haya establecido su destino, seguiremos, como Nación, en deuda con las víctimas del terrorismo de Estado. En cualquier caso, yo seguiré ejerciendo el extraño privilegio de poder llevar claveles rojos cada 29 de marzo a la tumba de mi madre.