Este es un texto que escribí hace cinco años. No me sorprende que mantenga, en lo esencial, su vigencia, salvando alguna que otra cuestión de la propia coyuntura de aquél tiempo.
30 años después de la muerte de mi madre, hoy llevé claveles rojos a su tumba. Dos balazos en la cabeza sellaron su vida. Pero compartió, durante casi 28 años, el destino de miles de argentinos. Sus restos fueron enterrados en el sector de NN –non nomine, o sin nombre– del Cementerio de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, junto a 13 personas más. Permanecieron allí hasta 1983, cuando fueron exhumados y llevados –en pequeñas bolsas de plástico y cajas de cartón– a la Asesoría Pericial de la Ciudad de La Plata.
Ignorando estos hechos, en 1996 iniciamos una acción judicial para recuperar los restos, y nombrando peritos de parte al Equipo Argentino de Antropología Forense. Uno de sus miembros logró encontrar, en la Asesoría Pericial, las bolsas donde los restos del Cementerio de Moreno habían sido mezclados, sin orden ni concierto, y unas fotocopias simples del expediente de la inhumación, que dieron importantes pistas. Resaltaba, sobre todo, los exámenes post mortem –pues no llegaban al rigor de una autopsia– realizados a los cuerpos en forma inmediata a la muerte. Uno o dos disparos en la cabeza habían rematado a los prisioneros. Sus cuerpos, luego, fueron incinerados en forma precaria, y enterrados sin mayor ceremonia ni tentativa de identificarlos formalmente.
No es por pudor, ni por temor, que omito, ex profeso, detalles relevantes, como el nombre, el ámbito de militancia y las circunstancias del último día de vida de mi madre. Exceden el compás de este escrito, que se enfoca en mis propias sensaciones el día en que nos entregaron los restos.
El proceso de identificación, en si, llevó varios años de trabajo. Los esqueletos y las hipótesis forenses comenzaron a cobrar sentido, y la identificación de parte de los maxilares y la forma del cráneo permitía acercar un nombre a esos restos destrozados por disparos a bocajarro. La crónica escasez de recursos del Poder Judicial y la siempre exigida capacidad de trabajo del EAAF llevaron a que las pruebas de ADN recién pudieran ser procesadas en 2004. Pero una vez realizada la identificación, la Cámara Federal accedió a mi pedido de inmediata entrega de los restos, bajo el argumento genérico de que no se podía, ni se debía, esperar un minuto más para cumplir con la inhumación.
Los restos de mi madre fueron cubiertos por claveles rojos que arrojamos sus amigos y parientes, y nuestros amigos y parientes, y luego por la tierra común de un cementerio popular. Muchas personas viajaron muy lejos para estar ese día. Por una combinación improbable de tenacidad, deber moral y mucha buena suerte, habíamos logrado “hacer reaparecer” los restos de mi madre y dar cumplimiento al entierro ceremonial, una de las conductas más antiguas de la Humanidad, presente en todas las culturas e independiente de todas las religiones.
Hoy, treinta años después de esa muerte, hay voces que siguen esgrimiendo sus cansinos argumentos sobre “lo infernal de la guerra”, o sobre “la violencia de ambos bandos”, o sobre “la necesidad de reconciliación”. Tomados uno a uno, o en conjunto, son argumentos necios, tontos y tan faltos de rigor como de buena fe. Ninguna pretendida “guerra” justifica el secuestro, la tortura, el asesinato, el robo de bienes y la apropiación de menores. Ninguna violencia justifica que el Estado aplique su considerable poder a violar las garantías del sistema legal.
El grupo de personajes variopintos, mezcla de oportunistas, integristas católicos y lumpenaje que constituyó el brazo ejecutor de la dictadura militar sigue, hoy, reivindicando su accionar. Cuando no, como pudimos constatar en días cercanos, reproduciendo sus mismas tácticas de control ideológico y estableciendo el peligro de la intelectualidad para los intereses marítimos de la patria. Que más de un cuarto de siglo después los torturadores y asesinos sigan esgrimiendo su exacerbada visión del conflicto social –y, sobre todo, de las formas de resolverlo– no deja de tener sentido: a todos les va su conciencia, y a muchos su libertad, en esa discusión. Tampoco puede esperarse que los distintos actores políticos de nuestro país dejen de vincular sus propias propuestas políticas y sus valoraciones sobre los últimos 30 años. La dimensión pública de estos asuntos supera y trasciende las valoraciones individuales, como ocurre con cualquier hecho relevante de la historia o de la actualidad.
La desaparición forzada de personas no es privativa de nuestro país, sino una práctica extendida por todo el mundo, como cualquiera puede constatar en pocos minutos. Tampoco es novedosa, Sófocles, en la Grecia clásica, narra en su Antígona un caso clásico de abuso del poder estatal: Creonte, rey de Tebas, había ordenado que Polinices quedara insepulto por intentar derrocarlo. Antígona desafió la ley humana para cumplir el mandato divino de enterrar a su hermano. Creonte, para no ser culpado por la muerte de Antífona, trama un asesinato encubierto: “La llevaré allí donde la huella de los hombre esté ausente, y la ocultaré en una pétrea caverna.” Antígona dice al coro: “A vosotros os tomo por testigos de cómo, sin lamento de los míos, y por qué clase de leyes, me dirijo hacia un túmulo excavado de una imprevista tumba. ¡Ay de mi, desdichada, que no pertenezco ni a los mortales ni soy una más entre los difuntos, que ni estoy ni con los vivos ni con los muertos!”
Millones de Antígonas, en todo el mundo, siguen clamando desde el limbo de los desaparecidos. Convenciones multilaterales y regionales, y disposiciones constitucionales y legales de muchísimos países tratan de erradicar el odioso crimen de la desaparición forzada de personas. Millones de hombres y mujeres ponen su esfuerzo cotidiano para que así sea. Y aunque los resultados a la vista son parciales, los avances son innegables.
El cráneo de mi madre tiene dos disparos a quemarropa. He tenido la buena fortuna de poder recuperarlo, verlo, tocarlo y enterrarlo, gracias al apoyo de gente maravillosa. Es una experiencia y un privilegio que compartimos poco menos de doscientas familias en este país. El esclarecimiento del destino de los desaparecidos y la recuperación de sus restos deberían haber sido políticas de Estado sostenidas desde 1983. El juicio, el castigo y el debate político son temas propios de la contingencia –como bien hemos visto en el último acto del 24 de marzo–. El dolor de quienes siguen tratando de saber qué pasó con sus seres queridos es mucho más concreto y merece un oportuno desagravio. ¿Seremos capaces, como sociedad, de dar una respuesta a estas personas y a estas familias? ¿Una respuesta que no dependa de la voluntad del gobierno de turno, ni de la buena fortuna de lograr un hallazgo casi artesanal de restos e informaciones? ¿O seguiremos viviendo, para siempre, una puja por apropiarse del capital político, un reflejo fariseo de utilización del dolor para la agenda propia? ¿Escuchando o leyendo los casi infantiles llamados a la “reconciliación” sin la “responsabilidad”? Es el Estado argentino, como persona de existencia ideal, quien debe dar cuenta del destino de cada persona puesta bajo su poder, y recuperar los restos cuando fuere posible.
Nuestro país y nuestra sociedad están lejos de lograr un acuerdo conceptual sobre la dictadura, sus métodos y sus consecuencias. Si bien casi nadie reivindica abiertamente a la dictadura in toto, tras el repudio formal aparecen las relativizaciones, las idealizaciones y/o las apropiaciones ideológicas. Pero hasta que el último de los desaparecidos haya sido identificado, o se haya establecido su destino, seguiremos, como Nación, en deuda con las víctimas del terrorismo de Estado. En cualquier caso, yo seguiré ejerciendo el extraño privilegio de poder llevar claveles rojos cada 29 de marzo a la tumba de mi madre.
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