Hace pocos días estuvo en Buenos Aires el vocero parlamentario para asuntos internacionales del Partido Popular español, Gustavo de Arístegui. Un político agradable y educado, de Arístegui es autor –o al menos, responsable– de un blog en el que desgrana, con estilo bello y cuidado, sus años de experiencia diplomática y su conocimiento personal de muchos personajes de Medio Oriente. Pero en el blog se impone, en definitiva, la profesión, y la crítica ácida al gobierno de Rodríguez Zapatero convive con la defensa irrestricta de la invasión a Irak. Y hacia allí se orienta ese análisis: en una entrevista a un medio local, de Arístegui resumió la defensa de la invasión que ya había adelantado, en días previos, en su blog. Vale detenerse un momento a resumir los ejes de la defensa de la invasión:
1) La “comunidad internacional” estaba convencida de la existencia de armas de destrucción masiva;
2) La participación de las tropas españolas se limitó a la etapa de la “reconstrucción”;
3) La distinción en el manejo de la invasión y el de la posguerra.
Por una razón expositiva, tomemos primero los puntos finales. No ha existido tal cosa como “etapa de reconstrucción” en Irak. Desde la finalización de “las operaciones principales”, que George W. Bush anunciara con tanto fervor el 1° de mayo de 2003, la situación de seguridad no ha hecho sino empeorar de manera sostenida. Que existan esfuerzos puntuales de reconstrucción de las redes de infraestructura devastadas por años de descuido o por la guerra; o que florezcan nuevas industrias como la telefonía satelital, no implica que pueda hablarse de una situación de “reconstrucción”. Y la distinción entre “invasión” y “posguerra” es, en el educado léxico diplomático, una crítica a quien fuera dos veces Secretario de Defensa de EE.UU. –y el más joven y el más viejo en ocupar el cargo–, Donald Rumfeld. Existe una fuerte corriente de críticas desde el momento mismo de la invasión, que hacían notar que el despliegue de tropas –entre 130 y 160 mil, según los momentos, más un número no contabilizado de mercenarios bajo la figura de “empresas privadas de seguridad” o similares– no era suficiente habida cuenta las experiencias previas de operaciones de pacificación –en particular, las que implicaron cambios de regímenes, Alemania y Japón después de la Segunda Guerra Mundial–. Pero, para exculpar a una administración –en el caso, la administración Aznar– del error de ir a una guerra ilegítima, injustificada y destinada al fracaso, se requiere algo más que encontrar un chivo expiatorio.
Y es allí donde de Arístegui muestra a fondo su oficio, en una doble maniobra discursiva en la que diluye la responsabilidad del partido al que representa, al proponer que “la comunidad internacional” creía en la existencia de las armas de destrucción masiva iraquíes, con una particular referencia a la Resolución 1.441 (2003) del Consejo de Seguridad de la ONU, y su frase “…que Irak ha incumplido sus obligaciones… entre ellas la Resolución 687 (1991)…” Ahora bien, aquí caben dos precisiones. La primera, no existe tal cosa como una “comunidad internacional”. Al menos, no existe como término teórico independiente y unívoco, ya que, ¿a quienes incluye? ¿A los funcionarios con adscripción profesional al tema? ¿Sólo los jefes de Estado y los Cancilleres? ¿Los simples ciudadanos que, como ejemplo urbi et orbi, se manifestaron en forma previa contra la invasión? ¿Las asociaciones profesionales, las empresas multinacionales, las organizaciones no gubernamentales? ¿Los analistas y los periodistas especializados? Ya una definición de un “analista internacional” sería de una complejidad creciente, la de una “comunidad internacional” es casi imposible.
La segunda precisión, el incumplimiento de una o más Resoluciones del Consejo de Seguridad no es lo mismo que la posesión de un arsenal de armas de destrucción masiva. Es cierto que, bajo órdenes de Saddam Hussein, Irak utilizó armas químicas tanto en la guerra contra Irán –1980–1988– como en su campaña contra los kurdos –1987–1988–. No menos cierto es que, a pesar de las denuncias y las tentativas de sanciones –en particular, la “ley contra el genocidio” que propuso Peter Galbraith, y que recibió el apoyo de los senadores Pell y Helms y una votación favorable en el Senado, antes de caer bajo la presión de, entre otros, los cabilderos agrícolas: Irak compraba un cuarto de la producción de algodón de Arkansas, y un millón de toneladas de trigo estadounidense–, poco o ningún costo soportó Saddam Hussein por las matanzas masivas, la deportación y la tortura que tomaron la vida de entre cien y ciento ochenta mil kurdos entre 1987 y 1992. Y que de poco sirvieron las denuncias sobre, al menos, 49 ataques con gas mostaza, tabul, sarín y, eventualmente, VX y aflotoxinas, ni que el ataque a la ciudad de Halabja, entre el 16 y el 19 de marzo de 1988, haya constituido el primer caso en la historia del uso de armas químicas contra una población civil –no el último, por desgracia–.
Pero después de la fallida invasión a Kuwait, en 1990, entre los blancos de las semanas de bombardeo sostenido que precedieron a las 72 horas de combate terrestre se encontró buena parte de la infraestructura militar del régimen de Bagdad. Al sofocar los levantamientos de los kurdos en el norte, y los chiítas en el sur, en marzo de 1991, las tropas de Iraq no utilizaron armas químicas. Y la posterior misión de la ONU para verificar la destrucción tanto de armas químicas como de sus vectores se ha mostrado, en definitiva, como exitosa: la invasión de 2003 no sólo no las enfrentó en el campo de batalla, sino que tampoco ha logrado encontrar luego –a pesar de una búsqueda exhaustiva– ninguna evidencia de las armas denunciadas por la administración Bush. Vale decir, volviendo a la doble maniobra discursiva de de Arístegui: hubiera sido más correcto decir que “…algunos actores de la comunidad internacional estaban convencidos de que existían unas armas de destrucción masiva que nadie encontró…” antes que, “…la comunidad internacional creía…”
¿Cuál era la fuente de esa “convicción” en la existencia de las armas de destrucción masiva iraquíes? de Arístegui recurre, en definitiva, a dos conceptos útiles en el análisis internacional.
Por un lado, el enfoque neorrealista del equilibrio de amenazas, que desarrollara, entre otros, Stephen Walt. Frente a la teoría realista clásica, que presuponía que los Estados–nación –únicos actores relevantes– actuaban en forma racional para obtener sus objetivos de maximizar el poder nacional, Walt propone una visión más flexible, y si se quiere, subjetiva: los actores del mundo internacional actúan contra lo que perciben como amenazas… con independencia de que las constituyan o no. Así, el régimen de Saddam Hussein, al obstaculizar de manera sistemática las misiones de control de la ONU sobre sus programas de armamentos –con el argumento de que en tales misiones se habían infiltrado equipos de inteligencia occidentales– no hacía más que mantenerse como un poder amenazante frente a sus vecinos y las potencias mundiales, lo que habría justificado la creencia de la “comunidad internacional” que proponía de Arístegui.
Otro argumento que podría justificar esta creencia es el recurso a la llamada “niebla de guerra”. Si bien la expresión de atribuye a Karl von Clausewitz en su clásico “De la guerra”, su origen es más moderno, de finales de la década de 1980. La metáfora, en cualquier caso, es clara respecto a su referencia: aquello que ignoramos en el conflicto bélico –y por extensión, en cualquier escenario de decisión estratégica–, sea tanto referido a la posición, potencia o intención del adversario o enemigo. Y, por ende, la “niebla de guerra” permite exculpar, en muchas ocasiones, una decisión errónea.
Pero, volviendo a Irak en 2003: la teoría del equilibrio de amenazas, o la niebla de guerra, ¿podían justificar los motivos arguidos para la invasión? Las pruebas están a la vista, no ha logrado comprobar la existencia de armas de destrucción masiva, ni los vínculos del gobierno iraquí con al Qaeda y los atentados del 11 de septiembre de 2001. Tampoco ha logrado democratizar Irak –pues la existencia de elecciones no alcanza a compensar la lucha faccional en la que se sumerge más y más el país– ni muchísimo menos democratizar Medio Oriente. Cuatro años de ocupación militar han servido de poca cosa a la hora de volver más seguro el mundo y, por el contrario, todo indica que han generado una nueva serie de conflictos aún más crueles.
¿Y eliminar a Saddam Hussein? Claro, de Arístegui, al igual que cualquiera que quiera encontrar algún mérito a la decisión de invadir Irak, arguye que existe un dictador menos en el mundo. Volviendo al contexto original, lo hacía en una entrevista en la que discutió, con un periodista argentino, cuántos muertos había generado la invasión –para el político, 60.000; para el periodista, 600.000, tema que merece otro artículo en estas páginas–. Pero tampoco correrá con suerte este argumento: de Arístegui tendría demasiado trabajo a la hora de justificar la invasión de cada país en el que no se respeten los derechos humanos.
En ocasiones, en lugar de una cerrada defensa de un acto de la vida política, a los hombres sensatos se les puede exigir que digan “esto, fue un error”.
Raúl J. Maldonado.
Para profundizar: sobre la planificación del ataque a Irak, puede verse, entre muchos otros, WOODWARD, Bob, Plan of attack, New York, Simon & Schuster, 2005, págs. 5 y ss. Sobre las perspectivas de guerra civil en Irak, FEARON, James, U:S. can´t win Iraq´s Civil War, en Foreign Affairs, march/april 2007. Un excelente relato del genocidio kurdo y de la tarea que intentara Peter Galbraith –hijo del economista John Kenneth Galbraith– desde el Senado de EE.UU. puede verse en POWER, Samantha, Problema infernal, FCE, México, 2005, págs. 228 y ss. Sobre las tropas necesarias para pacificar Irak, BRONSON, Rachel, When soldiers become cops, Foreign Affairs, Nov./Dec. 2002. Sobre la definición de “niebla de guerra”, una crítica sobre el concepto actual, y contra la idea de que la revolución tecnológica la eliminaría, puede verse On war without the fog, de Eugenia C. Kiesling, en Military Review, sept./oct. 2001.
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