En 1940, un cansado capitán del ejército francés reflexionaba sobre las causas de la derrota ante las tropas nazis:
“Resulta sano y positivo que, en un país libre, las filosofías sociales contradictorias puedan combatir con entera libertad. En el estado actual de nuestras sociedades, resulta inevitable que las diferentes clases tengan intereses opuestos y sean conscientes de sus antagonismos. La desgracia de la patria comienza cuando deja de comprenderse la legitimidad de estos enfrentamientos.”
La desgracia de nuestra patria tuvo un nuevo baldón el miércoles 4 de abril de 2007. Bajo órdenes del gobernador Jorge Sobisch, del derechista Partido Popular Neuqueño, se reprimió una protesta de trabajadores docentes. Un sargento de la policía neuqueña, según las primeras versiones, disparó un cartucho de gas lacrimógeno, a menos de dos metros, sobre un vehículo en el que se retiraban algunos manifestantes. Hirió de muerte a Carlos Fuentealba, un profesor de química de 41 años, del que las inmediatas semblanzas producidas por los medios masivos de comunicación sólo han mostrado alabanzas.
La carrera política del gobernador Sobisch, según la mayoría de los analistas locales, ha terminado. Al menos, sus aspiraciones de competir por la presidencia de la Nación, al frente de una coalición de fuerzas de la derecha local. Los conflictos con los docentes, en varias provincias, han ganado en visibilidad. Los gremios docentes han llamado a un paro de 24 horas para el día hábil inmediato posterior, y los principales gremios del país han adherido con un paro simbólico de una o dos horas, al mediodía.
Carlos Fuentealba es el más reciente exponente de los resultados de una cultura política que no ha logrado, en los casi 200 años que Argentina tiene como entidad política, establecer una convención política funcional que excluya la violencia. Pueden agregarse ejemplos hasta el hartazgo, y también puede teorizarse sobre las causas, las influencias externas e internas, pero el hecho subsiste: la violencia es parte de la vida política del país, y cada tanto se cobra una o más víctimas. Llegado el caso, se pueden contar por miles, pero en cada conflicto social existe la potencialidad de la muerte, agravada por una constante sucesión de pequeños atentados, amenazas, breves secuestros y golpes a activistas y/o a la prensa.
Cada sociedad presenta un porcentaje, variable, de delincuentes, inadaptados o enfermos mentales, que agregan a la vida en convivencia un riesgo adicional. Pero las sociedades pueden convivir con ello, controlándolo mediante las políticas criminales, sociales y de salud que sean posibles, deseables o factibles. Las variaciones en dichas políticas tienen impactos más o menos efectivos, inmediatos y duraderos, pero en cualquier caso sólo lograrán cambiar el tratamiento a esos problemas, no su existencia.
En el asesinato de Carlos Fuentealba se esconde algo más. Ya repuesta del impacto inicial, la administración provincial de Sobisch y los representantes nacionales de su partido iniciaron una campaña mediática para colocar el eje del problema no en el asesino –el que será colocado en el lugar del “exceso”–; sino en el asesinado, al cuestionar los motivos y los métodos de la protesta social. Se pondrán en paridad de condiciones el uso de un arma mortal y la interrupción momentánea del tránsito, y dará a entender que, después de todo, hacer un piquete y enfrentar a la policía –con o sin armas– son actividades de altísimo riesgo. Esta suerte de defensa tu quoque no es novedosa ni ingeniosa, y se ve favorecida, por cierto, por la actitud de pequeños grupos de ultraizquierda que glorifican la violencia política y, pocas horas después de la muerte de Carlos Fuentealba, se dedicaron a incendiar un local partidario de Sobisch.
Lo que se esconde en el asesinato de Carlos Fuentealba es el fascismo vernáculo. Nutrido de años de prédicas, financiamiento institucional e impunidad, no sorprende que un sargento de una policía provincial dispare un arma no letal –un cartucho de gas lacrimógeno– a una distancia en la que es mortal. La trayectoria plana del disparo y la distancia a la que fue efectuado no permiten descartar la posibilidad de que haya existido una intención de matar, sea a Fuentealba, sea a alguno de sus compañeros que estaban en el mismo vehículo.
La desgracia de nuestra patria tuvo un nuevo baldón el miércoles 4 de abril de 2007. Bajo órdenes del gobernador Jorge Sobisch, del derechista Partido Popular Neuqueño, se reprimió una protesta de trabajadores docentes. Un sargento de la policía neuqueña, según las primeras versiones, disparó un cartucho de gas lacrimógeno, a menos de dos metros, sobre un vehículo en el que se retiraban algunos manifestantes. Hirió de muerte a Carlos Fuentealba, un profesor de química de 41 años, del que las inmediatas semblanzas producidas por los medios masivos de comunicación sólo han mostrado alabanzas.
La carrera política del gobernador Sobisch, según la mayoría de los analistas locales, ha terminado. Al menos, sus aspiraciones de competir por la presidencia de la Nación, al frente de una coalición de fuerzas de la derecha local. Los conflictos con los docentes, en varias provincias, han ganado en visibilidad. Los gremios docentes han llamado a un paro de 24 horas para el día hábil inmediato posterior, y los principales gremios del país han adherido con un paro simbólico de una o dos horas, al mediodía.
Carlos Fuentealba es el más reciente exponente de los resultados de una cultura política que no ha logrado, en los casi 200 años que Argentina tiene como entidad política, establecer una convención política funcional que excluya la violencia. Pueden agregarse ejemplos hasta el hartazgo, y también puede teorizarse sobre las causas, las influencias externas e internas, pero el hecho subsiste: la violencia es parte de la vida política del país, y cada tanto se cobra una o más víctimas. Llegado el caso, se pueden contar por miles, pero en cada conflicto social existe la potencialidad de la muerte, agravada por una constante sucesión de pequeños atentados, amenazas, breves secuestros y golpes a activistas y/o a la prensa.
Cada sociedad presenta un porcentaje, variable, de delincuentes, inadaptados o enfermos mentales, que agregan a la vida en convivencia un riesgo adicional. Pero las sociedades pueden convivir con ello, controlándolo mediante las políticas criminales, sociales y de salud que sean posibles, deseables o factibles. Las variaciones en dichas políticas tienen impactos más o menos efectivos, inmediatos y duraderos, pero en cualquier caso sólo lograrán cambiar el tratamiento a esos problemas, no su existencia.
En el asesinato de Carlos Fuentealba se esconde algo más. Ya repuesta del impacto inicial, la administración provincial de Sobisch y los representantes nacionales de su partido iniciaron una campaña mediática para colocar el eje del problema no en el asesino –el que será colocado en el lugar del “exceso”–; sino en el asesinado, al cuestionar los motivos y los métodos de la protesta social. Se pondrán en paridad de condiciones el uso de un arma mortal y la interrupción momentánea del tránsito, y dará a entender que, después de todo, hacer un piquete y enfrentar a la policía –con o sin armas– son actividades de altísimo riesgo. Esta suerte de defensa tu quoque no es novedosa ni ingeniosa, y se ve favorecida, por cierto, por la actitud de pequeños grupos de ultraizquierda que glorifican la violencia política y, pocas horas después de la muerte de Carlos Fuentealba, se dedicaron a incendiar un local partidario de Sobisch.
Lo que se esconde en el asesinato de Carlos Fuentealba es el fascismo vernáculo. Nutrido de años de prédicas, financiamiento institucional e impunidad, no sorprende que un sargento de una policía provincial dispare un arma no letal –un cartucho de gas lacrimógeno– a una distancia en la que es mortal. La trayectoria plana del disparo y la distancia a la que fue efectuado no permiten descartar la posibilidad de que haya existido una intención de matar, sea a Fuentealba, sea a alguno de sus compañeros que estaban en el mismo vehículo.
Que el tal sargento tenga, además, una o más causas penales previas por apremios ilegales, tampoco sorprende. Ni que, con tales antecedentes y tales aptitudes, sea sargento de un supuesto “grupo de elite” del que se espera pueda contener motines o disturbios sin utilizar fuerza letal.
Los casi 200 años que la Argentina existe como unidad política coinciden con dos etapas diferenciadas en la definición de los conflictos armados -y por ende, de la legitimidad del uso de la fuerza letal por parte del Estado-. Entre 1830 y 1939, la subordinación de la guerra a la política era evidente, siguiendo el tradicional apotegma de Karl von Clausewitz, “La guerra es la continuación de la política por otros medios”. Frase más repetida que comprendida, implicaba el control político sobre el uso de la fuerza.
Los casi 200 años que la Argentina existe como unidad política coinciden con dos etapas diferenciadas en la definición de los conflictos armados -y por ende, de la legitimidad del uso de la fuerza letal por parte del Estado-. Entre 1830 y 1939, la subordinación de la guerra a la política era evidente, siguiendo el tradicional apotegma de Karl von Clausewitz, “La guerra es la continuación de la política por otros medios”. Frase más repetida que comprendida, implicaba el control político sobre el uso de la fuerza.
Después de 1945, de la mano de teóricos como el francés André Bauffré y el estadounidense Tom Collins, esa relación de control fue invertida, y para muchos funcionarios y cuadros políticos formados en esa creencia, y en la posterior Doctrina de la Seguridad Nacional, “La política es la continuación de la guerra por otros medios.”
Entre ambas concepciones, por supuesto, se encuentran los 60 millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial, el 90% de ellos civiles.
La subsistencia de esta concepción de la guerra permanente, en todo frente y lugar, es fácilmente comprobable. Tan cerca como en 2004, en un trabajo colectivo sobre la invasión a Irak, editado en Buenos Aires por el Círculo Militar, se puede citar una síntesis simplificada, aunque extensa y, por momentos, sorprendente, de estas ideas:
“En el campo militar, las guerras dirigidas exclusivamente a la posesión territorial están perdiendo vigencia en beneficio de las que buscan el control o el dominio sobre las personas o grupos sociales que, con creciente movilidad, se aglomeran en los centros urbanos. Por ello, el combate tiende a desarrollarse en “ambiente social” (destacado en el original). Nótese que el concepto del combate clásico apuntaba a conquistar o negar terrenos y era el hombre el que se interponía para acceder o negar esos espacios. Ahora se apunta a conquistar o negar el dominio del hombre o los grupos humanos y el terreno es el que se interpone entre uno y otro contrincante para el logro de su objetivo. (...) También, en el enfoque de la Revolución Marxista, cuyos exponentes reagrupan fuerzas en el nuevo escenario, se dio nacimiento al moderno concepto revolucionario: la “Guerra Social”. Veremos sucintamente en qué consiste este nuevo concepto de aplicación, principalmente, pero no exclusivamente, en Latinoamérica. (...)
Como punto de partida se resolvió declarar superado el concepto guevarista del foco revolucionario. Asimismo, quedó establecido que se abandonaba la estrategia que apuntaba a la creación de grandes Movimientos Insurreccionales de Masas. En su reemplazo se acordó poner un marcha un nuevo concepto que pasó a denominarse “Guerra Social”, sustentada en las generalizadas dificultades económicas y sociales surgidas a fines del siglo XX y acentuadas entre nosotros en los últimos meses.
La flamante estrategia, permite actuar sobre las clases media que son las más afectadas por la situación; reconocieron que esto último con una amplitud insospechada el desarrollo de la nueva etapa y contribuye a que esas izquierdas se afirmen en el terreno cultural, viejo y principal escenario de la batalla moderna.
Se destacó que el concepto de “Guerra Social” es sencillo, multisectorial y plurisocial, lo que ya en el campo de la acción y en un primer paso, contribuye a la formación de grandes frentes urbanos bajo el lema de “oponerse al modelo económico”. (...)
Existe un notable interés por la planificación de la nueva estrategia revolucionaria. Los gastos que demande provendrán de la infinita disponibilidad de recursos, resultante del plan del narcotráfico para extenderse y explotar, simultáneamente, el progresivo deterioro de los Estados nacionales.
Coincidentemente, de propició amplias reformas de los códigos, limitaciones a las policías, la legalización de la droga y un aceleramiento del retroceso protagónico de las fuerzas armadas. La promoción del indigenismo como factor aglutinante y convocante en aquellos países que cuentan con grandes grupos sociales de ese origen, alentando las posiciones contestatarias que reclaman tierras y soberanía, con la exigencia de que sean entregadas bajo la forma jurídica de propiedad colectiva.”[1]
Por supuesto, sus autores no son penalmente responsables, ni siquiera en forma mediata, del asesinato de Fuentealba. Ni lo han instigado, ni lo han aplaudido, y quizá incluso, a título personal y/o institucional, lo lamenten.
Pero el asesino de Carlos Fuentealba, y la línea de mando que está por encima de él, llegando hasta el gobernador Sobisch, si lo son. Comparten tal concepción de la "guerra permanente", y han impartido, hacia sus subordinados, órdenes formales de impedir la manifestación, y órdenes informales de proceder con el máximo rigor contra los docentes, para dar una lección tanto a los manifestantes locales como a los nacionales. Y para dar una señal, en el caso de Sobisch, que lo colocara como el adalid del "orden" frente a la "anarquía" de la administración Kirchner. Si existió o no la evaluación del riesgo potencial de herir o asesinar a alguno de los manifestantes es irrelevante: en la definición del accionar policial se buscaba desarticular la protesta mediante tanta fuerza como fuere necesaria. No sólo para controlar el terreno, sino, y más importante aún, para controlar los corazones y las mentes de los opositores. En este registro, la administración Sobisch es responsable de un acto de terrorismo de Estado, y no sólo de un asesinato casual.
Frente a ello, toda marcha y todo paro es insuficiente. Los pueblos, en ocasiones, deben trazar una raya en la arena, establecer un límite infranqueable. El capitán del ejército francés, cuya cita inició estas líneas, era el historiador Marc Bloch. Veterano de las dos guerras mundiales, con cinco medallas al valor, en 1942 se unió a la Resistencia, y fue luego apresado, torturado, y finalmente fusilado por la Gestapo. La desgracia de la patria, que tan bien describiera y tan bien puede aplicarse a la Argentina actual, se ha cebado de otra víctima en la persona de Carlos Fuentealba. Pero no será Sobisch, ni quienes comulguen con sus tristes ideales, quienes la remedien. Quienes la pueden remediar están, ahora mismo, en las calles y en las plazas, trazando su propia raya en la arena para establecer que el asesinato por razones políticas no es una opción en la vida argentina.
La subsistencia de esta concepción de la guerra permanente, en todo frente y lugar, es fácilmente comprobable. Tan cerca como en 2004, en un trabajo colectivo sobre la invasión a Irak, editado en Buenos Aires por el Círculo Militar, se puede citar una síntesis simplificada, aunque extensa y, por momentos, sorprendente, de estas ideas:
“En el campo militar, las guerras dirigidas exclusivamente a la posesión territorial están perdiendo vigencia en beneficio de las que buscan el control o el dominio sobre las personas o grupos sociales que, con creciente movilidad, se aglomeran en los centros urbanos. Por ello, el combate tiende a desarrollarse en “ambiente social” (destacado en el original). Nótese que el concepto del combate clásico apuntaba a conquistar o negar terrenos y era el hombre el que se interponía para acceder o negar esos espacios. Ahora se apunta a conquistar o negar el dominio del hombre o los grupos humanos y el terreno es el que se interpone entre uno y otro contrincante para el logro de su objetivo. (...) También, en el enfoque de la Revolución Marxista, cuyos exponentes reagrupan fuerzas en el nuevo escenario, se dio nacimiento al moderno concepto revolucionario: la “Guerra Social”. Veremos sucintamente en qué consiste este nuevo concepto de aplicación, principalmente, pero no exclusivamente, en Latinoamérica. (...)
Como punto de partida se resolvió declarar superado el concepto guevarista del foco revolucionario. Asimismo, quedó establecido que se abandonaba la estrategia que apuntaba a la creación de grandes Movimientos Insurreccionales de Masas. En su reemplazo se acordó poner un marcha un nuevo concepto que pasó a denominarse “Guerra Social”, sustentada en las generalizadas dificultades económicas y sociales surgidas a fines del siglo XX y acentuadas entre nosotros en los últimos meses.
La flamante estrategia, permite actuar sobre las clases media que son las más afectadas por la situación; reconocieron que esto último con una amplitud insospechada el desarrollo de la nueva etapa y contribuye a que esas izquierdas se afirmen en el terreno cultural, viejo y principal escenario de la batalla moderna.
Se destacó que el concepto de “Guerra Social” es sencillo, multisectorial y plurisocial, lo que ya en el campo de la acción y en un primer paso, contribuye a la formación de grandes frentes urbanos bajo el lema de “oponerse al modelo económico”. (...)
Existe un notable interés por la planificación de la nueva estrategia revolucionaria. Los gastos que demande provendrán de la infinita disponibilidad de recursos, resultante del plan del narcotráfico para extenderse y explotar, simultáneamente, el progresivo deterioro de los Estados nacionales.
Coincidentemente, de propició amplias reformas de los códigos, limitaciones a las policías, la legalización de la droga y un aceleramiento del retroceso protagónico de las fuerzas armadas. La promoción del indigenismo como factor aglutinante y convocante en aquellos países que cuentan con grandes grupos sociales de ese origen, alentando las posiciones contestatarias que reclaman tierras y soberanía, con la exigencia de que sean entregadas bajo la forma jurídica de propiedad colectiva.”[1]
Por supuesto, sus autores no son penalmente responsables, ni siquiera en forma mediata, del asesinato de Fuentealba. Ni lo han instigado, ni lo han aplaudido, y quizá incluso, a título personal y/o institucional, lo lamenten.
Pero el asesino de Carlos Fuentealba, y la línea de mando que está por encima de él, llegando hasta el gobernador Sobisch, si lo son. Comparten tal concepción de la "guerra permanente", y han impartido, hacia sus subordinados, órdenes formales de impedir la manifestación, y órdenes informales de proceder con el máximo rigor contra los docentes, para dar una lección tanto a los manifestantes locales como a los nacionales. Y para dar una señal, en el caso de Sobisch, que lo colocara como el adalid del "orden" frente a la "anarquía" de la administración Kirchner. Si existió o no la evaluación del riesgo potencial de herir o asesinar a alguno de los manifestantes es irrelevante: en la definición del accionar policial se buscaba desarticular la protesta mediante tanta fuerza como fuere necesaria. No sólo para controlar el terreno, sino, y más importante aún, para controlar los corazones y las mentes de los opositores. En este registro, la administración Sobisch es responsable de un acto de terrorismo de Estado, y no sólo de un asesinato casual.
Frente a ello, toda marcha y todo paro es insuficiente. Los pueblos, en ocasiones, deben trazar una raya en la arena, establecer un límite infranqueable. El capitán del ejército francés, cuya cita inició estas líneas, era el historiador Marc Bloch. Veterano de las dos guerras mundiales, con cinco medallas al valor, en 1942 se unió a la Resistencia, y fue luego apresado, torturado, y finalmente fusilado por la Gestapo. La desgracia de la patria, que tan bien describiera y tan bien puede aplicarse a la Argentina actual, se ha cebado de otra víctima en la persona de Carlos Fuentealba. Pero no será Sobisch, ni quienes comulguen con sus tristes ideales, quienes la remedien. Quienes la pueden remediar están, ahora mismo, en las calles y en las plazas, trazando su propia raya en la arena para establecer que el asesinato por razones políticas no es una opción en la vida argentina.
Raúl J. Maldonado.
[1] La cita pertenece al trabajo del Tte. Gral (R) Francisco E. GASSINO y el Cnl. (R) Luis Eduardo Riobó, Antecedentes estratégicos globales, en La primera guerra del siglo XXI, Irak 2003, Círculo Militar, Buenos Aires, 2004, pág. 83. Sus autores son el Director y Subdirector del Centro de Estudios del Círculo Militar. Por cierto, aparece como un agregado tardío a un texto mucho más interesante, y mejor fundado, que los párrafos transcriptos.
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